Un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) instruyó la derogación de la Norma 21, el reglamento que le entrega exclusividad a matronería para ejercer en las áreas de ginecología, obstetricia y neonatología.
Aquello generó el descontento y la molestia del gremio, ya que la resolución del órgano fiscalizador habilitó a enfermería para que también pueda desempeñarse en estas labores.
La polémica ha concitado la atención pública y ha generado paros de ambas profesiones a nivel nacional.
No obstante, esta jornada, el Colegio de Matronas y Matrones volvió a reafirmar su postura, avisorando una “inminente crisis en unidades de obstetricia, ginecología y neonatología” si se aplica el dictamen del órgano contralor.
A través de un comunicado, además, la presidenta nacional del gremio, Anita Román, anunció que si el Ministerio de Salud (Minsal) efectivamente decide aplicar el dictamen de la CRG, sus representados dejarán sus puestos apenas se concrete la medida.
“Hemos sabido de gestiones que pretende hacer el (Minsal) para aplicar el dictamen de Contraloría, aunque el plazo determinado vence en octubre. Desde ya le advertimos al ministro Emilio Santelices que al minuto uno, después de aplicado el dictamen, nuestras matronas y matrones dejan sus funciones en ginecología, obstetricia y neonatología de consultorios y hospitales públicos de Arica a Magallanes, pues no nos vamos a arriesgar a que se nos acuse de estar ejerciendo en ilegalidad”, dijo.
“Sin duda esto va contra toda lógica y sentido común, pues tampoco podremos ver situaciones que son habituales hoy en nuestra profesión, como la prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis; prevención, diagnóstico y tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o incluso la atención de víctimas de violencia sexual”, añadió.
“Pero eso hace el dictamen, nos deja fuera y nos obliga a marginarnos. Que el ministerio y el Gobierno se atengan a las consecuencias”, sentenció la presidenta.
A juicio de Román, la medida irá en contra de mujeres y menores, ya que otros profesionales deberán ser capacitados para trabajar con ellos y si eso genera problemas en pacientes, o incluso secuelas, indicó que la responsabilidad la tendrá quien tome la decisión final, no su gremio.
“Eso es lo que pretende la Contraloría y lo que estaría aceptando el Gobierno. Lo lamentamos por nuestras pacientes, la gran mayoría de ellas de escasos recursos”, señaló Román.
