El ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber cedido ante la presión de los gendarmes para evitar el paro nacional, tras las negociaciones que finalizaron en la madrugada de este miércoles.
La convocatoria tuvo lugar a minutos del término de lo que funcionarios del Gobierno habían inicialmente denominado como un ultimátum por parte de los funcionarios. Esto hacía inminente el paro nacional si Larraín no se sentaba a la mesa.
“En democracia no tienen cabida los ultimátums”, expresó hace unos días la ministra vocera Cecilia Pérez. Más tarde el jefe de Interior, Andrés Chadwick, afirmó que las presiones y amenazas estaban fuera de lugar.
Pero finalmente el ministro de Justicia abrió las puertas de su repartición y se reunió con los dirigentes. Este miércoles Larraín negó que el Gobierno hubiera cedido a las presiones.
“La verdad es que sentarse a conversar nunca ha sido una concesión, es creo yo una obligación. Nosotros nunca hemos rechazado el diálogo. Si el resultado de esto hubiera sido un paro y una movilización por no haber conversado, creo que el juicio crítico habría sido justificado”, expresó el secretario de Estado.
La postura de La Moneda siempre fue que la directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, canalizara las conversaciones y no fuera “bypasseada”.
Desde las diversas organizaciones han criticado el manejo que ha tenido la directora en su relación con los funcionarios.
“Encontramos totalmente insuficiente las respuestas que ella tenía a las demandas nuestras”, aseveró Andrés Segovia, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios.
En esta situación tuvo un rol clave, según La Moneda, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza.
Las partes deberán conversar en una mesa de trabajo de al menos 90 días, que comienza este viernes, las demandas de los gendarmes: carrera funcionaria, situación previsional y condición de las cárceles, temas que vienen desde hace años como parte de las demandas.
Uno de los puntos detonantes para que reflotaran las demandas de los gendarmes fue la detención del funcionario Héctor Palma, en prisión preventiva por el delito de apremios ilegítimos en contra de los reos ecuatorianos imputados por la muerte de Margarita Ancacoy en la calle República.
Este miércoles la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del gendarme para revertir la medida cautelar y mañana jueves será la audiencia para revisar este requerimiento.
