Según datos del Ministerio Público, entre 2010 y 2017 se iniciaron más de 1.600 investigaciones por posibles apremios ilegítimos o torturas cometidos en recintos penitenciarios o comisarías, de las cuales sólo 20 han terminado en sentencia condenatoria.
Por eso es que, con el fin de avanzar hacia el mecanismo de prevención contra la tortura, que el Ministerio Público, la Defensoría Penal, Carabineros, la PDI, el Sename, el Servicio Médico Legal y la Subsecretaría de Derechos Humanos, firmaron un convenio de colaboración entre los organismos.
El defensor nacional, Andrés Mahnke, detalló que esas causas se han iniciado por actos realizados por agentes del Estado en recintos cárceles o policiales.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, calificó los antecedentes como “graves” y comentó que la tortura esta “naturalizada” en las cárceles del país.
En esas causas, según los datos del Ministerio Público, se registran más de 1.400 víctimas y otros dos mil imputados.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, valoró la firma del convenio y aseguró que con él se busca avanzar en la prevención de la tortura, las investigaciones y las condenas.
