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Caso Caval: condenan a 818 días de presidio a exdirector de Obras de Machalí Jorge Silva
Publicado por: Sebastián Asencio La información es de: Luis Ruz
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Mediante un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garant√≠a de Rancagua conden√≥ la ma√Īana de este s√°bado a Jorge Silva Menares, quien se desempe√Īara como exdirector de Obras de Machal√≠, en calidad de autor del delito reiterado de cohecho en el marco del Caso Caval.

Ilícito perpetrado entre 2013 y 2014 en Machalí y que le valdrá vivir 818 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional de la pena por igual lapso.

En el fallo, el magistrado Mauricio Silva, adem√°s, conden√≥ al exdirector a la pena de 3 a√Īos y un d√≠a de inhabilitaci√≥n absoluta para cargos u oficios p√ļblicos temporales, pena que fue sustituida por el pago de una multa de $55.030.792, equivalente a 1170 UTM; asimismo.

Asimismo, el exfuncionario municipal fue condenado a la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, regulándose en 8 horas por cada tercio de unidad tributaria mensual.

Para el cumplimiento del beneficio de la remisión condicional de la pena, el condenado quedará sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería que corresponda a su domicilio.

Detalles de la sentencia

Es as√≠ como la sentencia se√Īala: ‚ÄúQue los hechos descritos configuran el delito de cohecho del art√≠culo 248 bis del C√≥digo Penal, en car√°cter de reiterado, toda vez que un empleado p√ļblico, funcionario de la I. Municipalidad de Machal√≠, Director de Obras, recibi√≥, directamente o a trav√©s de su c√≥nyuge, dineros para realizar gestiones propias de su cargo con infracci√≥n a los deberes de su cargo‚ÄĚ.

Seg√ļn dicho documento, este tipo de pr√°ctica se llevaban a cabo cuando Silva permit√≠a la ‚Äúmodificaci√≥n del plan regulador intercomunal Rancagua- Machal√≠, con el objeto de aumentar el l√≠mite urbano, incorporando dentro de √©l los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena‚ÄĚ.

Asimismo, la modificaci√≥n del plan regulador fue ‚Äúencargando a las profesionales, ingeniera Luz Mar√≠a Loyola Torrealba y la ge√≥grafa Gladys Morales Becerra, la realizaci√≥n de un estudio de capacidad vial y de un estudio ambiental estrat√©gico, a pesar que ninguna ten√≠a v√≠nculo con la municipalidad sin que mediaren pagos municipales para ello‚ÄĚ.

Asimismo, el escrito se√Īala que no hubieron llamados ‚Äúpara licitar estos estudios, burl√°ndose el proceso de contrataci√≥n p√ļblica, pues se trata de estudios que debi√≥ encargar la municipalidad aplicando la ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestaci√≥n de servicios‚ÄĚ, indic√≥ la resoluci√≥n judicial.

As√≠, ‚Äúa partir de lo solicitado por D√≠az Sep√ļlveda a Jorge Silva Menares, con los fines se√Īalados, infringiendo los deberes de su cargo, incorporaron estos al proceso respectivo, como si hubiesen sido contratados o licitados por la municipalidad, informes realizados por particulares y pagados con fondos privados, en circunstancias que deb√≠an ser realizados con fondos p√ļblicos, con la finalidad de influir de manera indebida en el proceso de modificaci√≥n del plano regulador intercomunal, montos de dineros que ascendieron a un total de $55.030.792, entregados por D√≠az Sep√ļlveda a Silva Menares‚ÄĚ, reza el fallo.

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