Un portazo hizo evidente la molestia del presidente del Senado, Andrés Zaldivar, respecto a la investigación que el Ministerio Público lleva adelante en el contexto de las asesorías y documentos plagiados. Ello porque, a su juicio, los persecutores no han especificado los motivos ni sujetos de la indagatoria.

La mañana de este martes se reunieron los comités de la Cámara Alta encabezados por Zaldivar para analizar la situación y reafirmar la opción de denegar la entrega de datos a la Fiscalía.

A la salida de la cita, el congresista no respondió a las preguntas de la prensa pero sí declaro que “el Senado nunca ha negado, ni va a negar, los antecedentes que sean necesarios para cualquier tipo de investigación, siempre que se haga de acuerdo a la ley”.

El directivo de la Cámara Alta desistió responder respecto a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, quien sí manifestó su disposición a colaborar con las pesquisas del Ministerio Público, y con un portazo en su oficina, descartó abordar las diferencias.

Quien sí profundizó en la polémica fue el presidente de la comisión de Probidad y Transparencia, senador DC, Ignacio Walker, quien criticó la declaración del fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, que fundamentó la petición de las asesorías del senador Alejandro Guullier, ampliándola a toda la corporación, bajo el concepto de evitar distorsión política.

En esta línea, Walker dijo que en ninguna parte del Código Penal, se establece que los fiscales deban “velar por los equilibrios políticos”, agregando que el Senado no tiene “nada que esconder” pero que las solicitudes deben realizarse conforme a la ley.

Diputados transparentan

En medio de toda esta polémica, la Cámara de Diputados ha marcado distancia frente al comportamiento de los senadores y, luego de emitir un informe en derecho validando la solicitud del Ministerio Público, el presidente de la corporación, Fidel Espinoza, explicó las medidas con las que evitarán recibir informes plagiados.

Entre ellas, se encuentra la posibilidad de eliminar de la lista de asesores a todos quienes hayan entregado documentación plagiada, así como también reactivar el comité de auditorias que, según confesó, no opera desde el año 2014.