Al Ministerio Público recurrirá el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, con el fin de que se persigan las responsabilidades legales y políticas en torno a la deuda superior a los $70 mil millones que arrastra la Corporación Municipal. Además de acusar un “aumento exponencial” bajo la administración de Jorge Castro, la autoridad denunció que se le ocultó información a los concejales y a la propia ciudadanía.

Las causas se desprenden de decisiones políticas que hicieron crecer este déficit, indicó el alcalde del Frente Amplio, quien manifestó sus serias dudas respecto al acuerdo de condonación de $18 mil millones en multas e intereses que el 2016 habría adquirido Castro con el Instituto de Previsión Social. Contrato -que según Sharp- no existe.

En cuanto a la persecución “legal” de los responsables, la Alcaldía Ciudadana tendrá una política de “caiga quien caiga” aseguró el jefe comunal, quien denunció la presencia de una “mafia” al interior del organismo.

Sin embargo, el acuerdo con IPS debe ser renovado por la actual administración, luego que fueran fijados todos los tratos, según respondió el exalcalde de Valparaíso, Jorge Castro.

El exjefe comunal acusó un aprovechamiento mediático de Sharp al denunciar que no hay un correlato entre las últimas cifras dadas por la Alcaldía Ciudadana con la cuenta pública de la gestión 2016 y la auditoría del Contralor Municipal concretada el primer semestre de este año.

Según la última auditoría del 2015, esta deuda alcanzaba los $47 mil millones, detalló Castro, quien además de bajarle el perfil al “power point” presentado por Sharp, adelantó que recurrirá a la Contraloría de la República para que se esclarezca la situación.

Además de criticar la falta de anuncio en torno a un “Directorio” de la Cormuval, Castro aseguró que el administrador municipal Claudio Opazo miente, instándolo a aportar antecedentes a la Justicia para validar su acusación de la existencia de una “maquinaria de desfalco”.

Sharp, por su parte, aseguró que la información en torno a este déficit será entregada a la ciudadanía para que los responsables asuman las consecuencias legales y políticas.