Un oficio dictado por el SII en noviembre de 2005, descartó el cobro del impuesto de primera categoría, que hasta el año 2009 habría significado un ingreso mínimo para el Estado cercano a los 1.400 millones de pesos.

Se trata del Oficio N° 4.335, fechado el 07 de noviembre de 2005, y firmado por el entonces director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro Rivera, el mismo que tres años antes, en diciembre de 2002, concluyó que los sobresueldos que recibieron ministros, subsecretarios y otras autoridades de la Concertación no eran tributables.

En el escrito se determinó que las ganancias por la venta de acciones, bonos, créditos, depósitos a plazo, letras hipotecarías, quedarán sin el pago de impuestos, descartando asimilar a un partido político con una empresa.

“Que para calificar a una entidad de empresa se requiere de la formación de un todo constituido por el capital y el trabajo, encaminado a la realización de actividades mercantiles, industriales o de prestación de servicios con fines lucrativos, propósito este último que no concurre en el caso de aquellos entes cuyo objetivo principal por su naturaleza no es perseguir un fin lucrativo, y que las eventuales rentas obtenidas se invierten íntegramente en el financiamiento de la colectividad o asociación de que se trate”, dice el oficio al que tuvo acceso en exclusiva Radio Bío Bío y que se adjunta a esta crónica.

Este dictamen se contrapone a la doctrina oficial del SII que dice que todos deben pagar impuestos. Incluso en otro oficio N° 840, fechado el 25 de abril de 2013, cuando el director era Alejandro Burr, se confirma que las Corporaciones no son empresas, pero las obliga a tributar.

La semana pasada, Mega reveló en un reportaje las ganancias obtenidas por el Partido Socialista gracias a la inversión de los fondos obtenidos desde el Estado, tras la promulgación de la ley 19.568, en julio de 1998, que indemnizó a los partidos políticos cuyos bienes fueron incautados durante la dictadura.

En 1999 el PS recibió cerca de 7 mil 200 millones de pesos. Los dineros los invirtieron en Soquimich, Pampa Calichera, Autopista del Sol, Vespucio Norte, Compañía General de Electricidad (CGE), Aguas Andinas y Esval. En el extranjero apostaron por Braskem, propiedad de Odebrecht. A 2009 ese monto subió a 13 mil 794 millones de pesos.

Tras el reportaje, el jueves pasado la mesa directiva del Partido Socialista emitió una declaración pública: “Nunca un dirigente o militante de la organización se ha visto beneficiado personalmente por estas inversiones”.

Posteriormente, la declaración admite como un error la realización de las criticadas inversiones y destacaron su legalidad: “La totalidad del patrimonio financiero está actualmente invertido en instrumentos de renta fija nacional. Por tanto, nuestro partido no tiene inversiones en acciones ni en el extranjero”.

Lo anterior para cumplir con la nueva ley, dictada en abril del año pasado, que los obliga a invertir sólo en instrumento de renta fija y que si tales inversiones son superiores a 25 mil UF, pasen a un mandato especial de administración

La página web del Servicio de Impuestos Internos indica que -de 1991 a 2001- el impuesto de primera categoría era de un 15%; en 2002 subió a un 16%; en 2003 al 16,5%; de 2004 a 2010 llegó al 17%.

Ganancias

En un cálculo aproximado, sin sumar multas e intereses, sólo por las ganancias que obtuvo el PS entre 1999 a 2009, que son de 6 mil 594 millones de pesos, el Estado dejó de percibir cerca de 1.400 millones de pesos gracias al oficio dictado por el SII.

Cuando Juan Toro Rivera era el director del Servicio de impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda lo encabezaba Nicolás Eyzaguirre y la Dirección de Presupuestos, era ocupada por el actual presidente del Banco Central, Mario Marcel Cullel.

Rivera dejó sin pago de impuestos los sobresueldos obtenidos por las autoridades de la administración de Ricardo Lagos, gracias a otro dictamen, de diciembre de 2002, a petición del Ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, bajo oficio reservado N° 379, de fecha 20 de noviembre de ese año.

“Se cumplirían las exigencias de la norma tributaria que los exime de impuesto a la renta, toda vez que se originarían en una disposición legal en los términos que señala, y que tales fondos son de inversión discrecional por parte de la autoridad competente”, señala el oficio que se adjunta a esta nota.

En ese momento (2002) y en el año 2005, con el oficio que evita pagar impuestos a los partidos políticos que obtienen ganancias por inversiones en el mercado, el subdirector jurídico del SII era Bernardo Lara, militante socialista, que dejó el cargo en 2006, pero que ahora volvió con actual director de impuestos internos, Fernando Barraza.

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