Australia anunció este jueves que pagará hasta 60.000 dólares australianos (59.000 dólares estadounidenses) de indemnización a la llamada “generación robada” de aborígenes australianos que fueron apartados de sus familias durante su infancia.
El anuncio de la indemnización lo hizo el Primer Ministro Scott Morrison para reparar lo que describió como un periodo “vergonzoso” en la historia australiana. Se estima que cerca de 100.000 niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres fueron sacados de sus hogares y colocados en centros de acogida de blancos en virtud de las políticas oficiales de asimilación que duraron de 1910 y 1970.
“Ya nos hemos enfrentado a esto con una disculpa nacional, pero nuestras acciones deben seguir estando a la altura de nuestras palabras”, dijo Scott Morrison. Las historias de sufrimiento causadas “no son sólo historias del pasado, sino historias que siguen reverberando a través de las generaciones”.
No fue hasta 2008 cuando el gobierno pidió oficialmente perdón a esta generación. Fueron necesarios 13 años más pagar las compensaciones financieras.
La “generación robada”
Los 3.600 supervivientes de la “generación robada” del Territorio del Norte, Canberra y Jervis Bay, que ahora tienen más de 80 años, recibirán decenas de miles de dólares cada uno por haber sido separados de sus padres biológicos cuando eran niños.
Aunque algunos de ellos piensan que ninguna cantidad de dinero podrá devolverles la infancia robada, el sentimiento que se desprende es de victoria sobre un gobierno que ha esquivado el tema durante mucho tiempo.
Sin embargo, el gobierno ya no podía más eludir el tema desde abril, cuando un grupo de supervivientes decidió llevar al Estado a los tribunales en una demanda colectiva. Todavía no está claro si el grupo de aborígenes retirará su demanda ya que sólo se indemnizará a los representantes directos de la “generación robada”, y no a los descendientes de los que ya fallecieron.
La población indígena de Australia (cerca de 700.000 personas de total de 26 millones habitantes) tiene los indicadores económicos y sociales más bajos del país.
