El gobierno español intenta encontrar una salida a una huelga de camioneros y transportistas, convocada y mantenida al margen de sindicatos y organizaciones patronales, que amenaza con asfixiar la economía del país.
“No nos levantaremos hasta que logremos un acuerdo” que ponga fin a la huelga, dijo el miércoles el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, en referencia a la mesa de negociaciones con las organizaciones patronales de transportistas que tenía lugar este jueves.
Un mensaje voluntarista en un contexto delicado para el gobierno, acusado por los huelguistas de inacción ante la subida de los precios de los carburantes y criticado desde todos los frentes por su gestión de esta protesta, la más importante desde la vuelta de la izquierda al poder en 2018.
Señal de la importancia que se le da a este conflicto, el gobierno despachó a tres ministros a esta reunión (Economía, Transportes, Hacienda), a la que Sánchez no puede acudir por su asistencia a las cumbres de la UE y la OTAN en Bruselas.
Sin embargo, hay dudas del impacto de esta reunión porque sólo se invitó a la patronal del sector, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que se opone a la huelga, y no a la “plataforma” de transportistas independientes y de pequeñas y medianas empresas que está detrás de los bloqueos.
El gobierno “negocia con el comité nacional, y ellos no nos representan”, sentenció en un comunicado esta plataforma, demandando una vez más tener un lugar en la mesa de negociaciones.
“El paro lo convoca la plataforma y lo tiene que desconvocar la plataforma”, añadieron sus representantes, llamando a una nueva manifestación el viernes ante el Ministerio de Transportes en Madrid.
Fábricas detenidas
Iniciada el 14 de marzo en un contexto de altos precios de la energía, esta huelga de los transportistas, que algunos comparan al movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia, ha cobrado amplitud en los últimos días, con la multiplicación de bloqueos de carreteras y ataques a quienes no la secundan.
Ante las protestas, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, propuso ayudas por valor de 500 millones de euros (550 de dólares) para compensar el alza de los precios de los carburantes. Un gesto considerado insuficiente por los camioneros, al estimar que el mecanismo propuesto por el gobierno era vago.
“Exigimos al Gobierno que clarifique y detalle con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar” para acabar con la huelga, pidió la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), la principal organización patronal, muy inquieta ante un bloqueo de camioneros “que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica”.
Muchas empresas tuvieron que parar la actividad de sus fábricas por falta de suministros o de camiones para distribuir su producción, o amenazan con hacerlo pronto, como Danone, Heineken, Mercedes o Arcelor Mittal.
Y en algunos supermercados empiezan a faltar productos.
Un motivo de inquietud en medios económicos, que avisan del peligro de asfixia para muchos sectores. “La situación actual es insostenible y no podemos esperar más para que el Gobierno plantee una solución”, advirtió la Asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC).
La huelga está teniendo un “efecto devastador sobre toda la cadena de suministro”, que pone en peligro “más de 100.000 puestos de trabajo”, sostuvo Asedas, la organización que reúne a distribuidores y supermercados y que cifró sus pérdidas en 130 millones de euros diarios.
Los partidos de la oposición, entre ellos el de extrema derecha Vox, se hicieron eco de las críticas y denunciaron lo que ellos consideran pasividad del gobierno ante la subida de precios.
Deseoso de aplacar los ánimos, el ejecutivo prometió una serie de medidas para bajar los precios de los carburantes en el marco de un “plan nacional” que se adoptará el 29 de marzo. Pero aún no se conocen los detalles del plan, ya que Pedro Sánchez busca una respuesta previa de la UE en la cumbre de Bruselas.
Una estrategia “difícil de comprender”, a ojos de la CEOE, que recordó que “países vecinos como Francia, Italia o Portugal ya han desplegado planes anticrisis precisos, con una fecha de puesta en marcha prevista”.
