El lunes comenzaron a llegar a Rosario las Fuerzas Federales desplegadas por el gobierno de Javier Milei para apoyar la lucha contra la escalada de violencia narco que se ha desatado en la ciudad.
Los efectivos fueron recibidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseveró frente a los medios argentinos: “(Los narcotraficantes) han logrado sembrar el terror y los vamos a enfrentar con toda las fuerzas”.
Según detalla Perfil, las unidades que arribaron a la localidad trasandina corresponden a un grupo de Prefectura Naval, uno de Gendarmería Nacional y otro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A su vez, se espera la llegada de miembros del Ejército a la ciudad, en donde prestarán asistencia logística. Y aunque la Ley de Seguridad Interior impide que realicen trabajos como patrullaje, hacer detenciones o usar armas de fuego, en las FF.AA existe preocupación por la intención gubernamental de involucrarlos en esta lucha.
Así lo afirman medios del otro lado de la cordillera como La Nación, el cual detalla que en las filas castrenses hay incertidumbre por “puntos oscuros que no están muy definidos”.
“No aparece claro un marco legal que avale la intervención de los militares en esta operación. No hay reglas de empeñamiento”, señaló un general retirado que no fue identificado por su nombre.
Otra voz militar indicó que “sin el marco legal adecuado y sin reglas de empeñamiento claras y aprobadas por el poder político, es una locura”. Dichos cambios, añade La Nación, podrían definirse por decreto presidencial o a través de una resolución del ministerio de Defensa.
Las fuentes consultadas enfatizan en que las FF.AA “no están equipadas, adiestradas ni instruidas para intervenir en la prevención de seguridad”, precisando que ante un eventual ataque, cuentan con armas letales y no actúan con balas de goma.
Infobae, por su parte, señala que entre las filas castrenses “no ocultan su disgusto con la intención gubernamental de empeñarlos en una lucha que en términos militares no es tal”.
“Lo que se pretende es inundar las calles de uniformados sea de la fuerza que fueran y poner vehículos del ejército a circular por las calles para infundir temor a los narcotraficantes”, mencionó una fuente uniformada al citado portal.
“Esa claramente no es una tarea logística. Si quieren camiones se pueden enviar, pero no es con camiones como arreglarán el tema”, añadió.
Un alto jefe de las FF.AA precisó que “el sistema de formación del personal militar en la actualidad no le otorga a oficiales o suboficiales la más mínima noción sobre métodos o procedimientos para desarrollar operaciones relacionadas con la seguridad interior”.
“Nuestro entrenamiento y el armamento que utilizamos persigue el exterminio del enemigo, no su apresamiento (salvo en caso de rendición)”, explicó.
“No hacemos inteligencia criminal y no estamos capacitados para usar fuerza moderada. Es más, hasta nuestros vehículos se comportan torpemente en un escenario citadino”, puntualizó.
En ese sentido, Clarín consigna que los militares han dejado en claro que requieren de una clara protección legal federal para actuar en cualquier circunstancia junto a las fuerzas de seguridad.
Como han planteado los uniformados, no irán a Rosario bajo el riesgo de no estar amparados por la ley en la eventualidad de que tengan que responder, por ejemplo, frente a un ataque de sicarios contra un vehículo del Ejército.
Cabe destacar que el presidente Milei confirmó que está trabajando en un proyecto de reforma que faculta a las FF.AA para tomar “acciones adicionales acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo”.
