El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó este jueves que la investigación y proceso contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción, no fue "imparcial" y violó derechos como el de la intimidad o el de la presunción de inocencia. "Si bien los Estados tienen el derecho de investigar y perseguir los actos de corrupción, así como de mantener informada a la población especialmente cuando se trata de un expresidente del Gobierno, estas acciones deben llevarse a cabo de una manera justa y respetando las garantías del debido proceso", indicó el comité.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) ratificó este jueves que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales contra él por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad.
De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades del expresidente Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y su derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas.
“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, remarcó Arif Bulkan, miembro del comité.
El expresidente Lula fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa ‘Lava Jato’, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la constructora estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, quien posteriormente se convirtió en ministro de Justicia con el actual presidente, Jair Bolsonaro.
Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.
Moro condeno a Lula a nueve años de cárcel en julio de 2017, pero no ingresó en hasta el abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Jair Bolsonaro.
Sin embargo, ya en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió Moro, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la causa.
El Comité de Naciones Unidas sostiene que a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, “no fue suficiente” para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.
