El Gobierno de El Salvador sostuvo en 2020 negociaciones con las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 -fracciones Sureños y Revolucionarios- para reducir las cifras de homicidios e “intentó esconder las evidencias”, según una investigación publicada este lunes por El Faro.

“El director de Centros Penales ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad. El fiscal, impuesto por la Asamblea oficialista, desmanteló el grupo especial que investigaba estas negociaciones”, indica el periódico.

Señaló que los fiscales encargados de la investigación bautizaron el caso como Catedral. Se incautó documentos oficiales de Centros Penales. Lo anterior, luego de que este medio publicara que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS13.

Hasta abril de 2021, la Fiscalía, dirigida por Raúl Melara, “llevaba un proceso de investigación criminal contra varios funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele. Durante meses, los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos”, apuntó.

Sin embargo, el pasado 1 de mayo la Asamblea Legislativa, que ese día tomó posesión, destituyó a Melara y nombró a Delgado como el nuevo fiscal, quien, según la investigación de El Faro, “con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos”.

La investigación fiscal era conducida por el Grupo Especial Antimafia (GEA), liderado por Germán Arriaza.

Se seleccionó a cuatros fiscales para integrar un equipo e investigar las negociaciones entre políticos del opositor Frente Farabundo Martí.

“Tras la publicación de septiembre de 2020 sobre las negociaciones entre el Gobierno de Bukele (…) pero el GEA fue eliminado después de que el exfiscal Arriaza renunciara a su cargo”, reseñó.

Negociación con Barrio 18 y demandas

El Faro publicó una investigación en la que se reveló que el Gobierno de Bukele mantenía negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).

Esto, para reducir las cifras de homicidios desde junio de 2019 y obtener apoyo electoral en las elecciones de febrero de 2021.

En este nuevo texto, el periódico digital afirmó que dichas negociaciones también incluyeron a la pandilla Barrio 18.

Se indicó que las pandillas “plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias. Esto, además de beneficios para sus miembros en libertad”.

Son 19 demandas que “se refieren a la vida al interior de las cárceles. El resto son peticiones para mejorar la vida de los pandilleros en libertad y de sus familias”, añadió.

El año pasado, Bukele dijo que la investigación de El Faro era “falsa” y señaló que su Gobierno es criticado, incluso por entes internacionales, por la medidas implantadas en las cárceles, como la de sellar las celdas con placas metálicas para mantenerlos aislados tras un escalada de homicidios entre abril y mayo de 2020.

El Ejecutivo de Bukele implementa desde 2019 el Plan Control Territorial (PCT), al que le atribuye la caída de los asesinatos en los últimos años.