La Contraloría detectó deficiencias en los procesos de supervisión, conflictos de interés y pagos asociados a servicios no prestados en la Municipalidad de Trehuaco, en la región de Ñuble.
Así lo arrojó una investigación especial que realizó el órgano contralor y donde se estableció que la casa edilicia no “ejecutó los controles necesarios en la revisión y validación de facturas emitidas por proveedores”.
Según se detalla en el informe final N° 793, en el caso de la empresa Áridos, Ingeniería y Construcción VDD Limitada, se verificó la emisión de 8 facturas por un total de $537.107.780, pese a no existir obras ni servicios asociados.
Una situación similar se constató en la empresa Servicios Nueva Biozono SpA, donde se emitieron 5 facturas por $144.741.901 por servicios no prestados.
También se comprobó que documentos tributarios de las empresas antes citadas fueron cedidos a compañías de factoring, pese a que los servicios no se realizaron, por un monto de $492.076.782.
El municipio tampoco objetó facturas dentro de los plazos establecidos, generando su aceptación irrevocable. Esa acción significó que la repartición quedó obligada a pagar $63.145.808, cifra que incluye $28.343.814 ya pagados a proveedores.
Desde Contraloría enfatizan que, a la fecha de la fiscalización, la municipalidad no había presentado acciones judiciales para su defensa.
Funcionarios y conflicto de interés
En la fiscalización se verificó que el director de Obras Municipales respondió requerimientos y “aceptó cesiones de facturas de empresas de factoring sin contar con atribuciones legales, contrariando los deberes funcionarios establecidos en el artículo 52 del Estatuto Administrativo”.
En tanto, el administrador municipal firmó decretos de pagos en 2025 por $3.956.750, pese a ser socio de SOTIR SpA, infringiendo la ley. Lo mismo hizo en 2024, al firmar un decreto de pago por $7.991.400 en conceptos de servicios odontológicos a una empresa “cuyo propietario mantiene vínculo de parentesco por afinidad con él y con quien comparte una sociedad comercial”, reporta Contraloría.
Ante estos hallazgos, se instruyó un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Trehuaco, a fin de determinar responsabilidades administrativas.
Junto con eso, se ordenó a la casa edilicia remitir, dentro de un plazo de 5 días hábiles, las investigaciones sumarias iniciadas en 2025.
Por su parte, Contraloría remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
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