La justicia está a la espera de que el Senado autorice este miércoles el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, un paso más en la causa que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública.
El Senado debe votar el allanamiento solicitado por el juez Claudio Bonadio, pues la exmandataria (2007-2015), electa senadora en 2017, está amparada por los fueros parlamentarios.
El debate comenzó a primera hora de la tarde, con la presencia de Cristina Fernández y la mayoría de los senadores.
Cerca de las 20:00 horas, sobre el cierre del debate, la expresidenta comenzó su discurso: “Fui la primera presidenta mujer y la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Ahora voy a ser la primera senadora allanada”.
Contexto
La semana pasada, había fracasado por falta de cuórum una sesión en el Senado para evaluar el pedido de Bonadio.
En una carta a los distintos bloques del Senado difundida el martes, Fernández se declaró dispuesta a que se allanaran sus domicilios de Buenos Aires, Santa Cruz y El Calafate, estos dos últimos en el sur del país, aunque pidió a la cámara alta que prohibiera la presencia de cámaras durante los procedimientos.
En las afueras del Congreso, un puñado de partidarios de la expresidenta aguardaba la decisión con carteles en su apoyo, mientras otro pequeño grupo se manifestaba exigiendo su desafuero.
La noche del martes, miles de personas se manifestaron frente al Congreso, horas antes del debate parlamentario, para reclamar que se autorizaran los allanamientos y que se le quitara la inmunidad parlamentaria a la senadora.
“¡Cárcel a Cristina!”, “¡que devuelvan la plata!”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes.
Debido a sus fueros, Fernández no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.
En busca del dinero
Fernández, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.
La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante esos diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
El departamento de Fernández Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.
El juez busca pistas sobre dónde podría haber quedado el dinero, supuestamente recibido siempre en efectivo.
A los apuntes del chofer se sumaron luego las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia a la figura del arrepentido, y más recientemente dos exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández.
Además de esta causa, Cristina Fernández enfrenta otros cinco procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito y por encubrimiento a iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA en 1994 que provocó 85 muertos y 300 heridos.
La expresidenta se considera una “perseguida política” y asegura que el pedido de allanamiento de sus domicilios es “un show” mediático.
