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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Un proyecto busca prohibir la subcontratación de servicios de teleoperadores fuera de Chile, con multas de hasta $39,4 millones por incumplimiento. La iniciativa busca combatir estafas internacionales y fomentar la contratación local. Creado por Gonzalo Winter y apoyado por RN y Demócratas, pretende evitar prácticas delictivas como suplantación telefónica. Autoridades advierten riesgos de reciprocidad en países afectados. La normativa contempla reglamentación para fiscalización. Sector generó récord de exportaciones en 2024. Se debate posible automatización y aumento de costos.

Existe un proyecto que tiene por objetivo prohibir que se subcontraten los servicios de teleoperadores o call center fuera del país, incluyendo multas por casi $40 millones en caso de incumplir tales disposiciones.

Se trata de una iniciativa que busca prevenir estafas internacionales mediante llamados telefónicos, además de fomentar la contratación local de este tipo de servicios, y que comenzó su discusión en la Comisión de Economía de la Cámara Baja.

Originado en una moción, la idea es del diputado y excandidato de Frente Amplio, Gonzalo Winter, contando también con el apoyo de otros integrantes del oficialismo, RN y Demócratas.

Buscan prohibir que se contraten call centers fuera de Chile

El texto original apunta a que unas 30 mil personas trabajan en call centers en Chile. Sin embargo, citando un análisis de Frost & Sullivan, el 41% de los ingresos del sector bajo subcontratación de procesos -unos US$494 millones en 2022- vino de servicios prestados desde Perú y Colombia. Es decir, de las empresas que contratan los servicios de otras compañías con base en el extranjero.

Y en este contexto, los autores del proyecto aseguran que la proliferación de llamadas invasivas y el acoso publicitario han propiciado el desarrollo de prácticas delictivas como suplantación telefónica; llamada y corte de larga distancia y las estafas laborales digitales -donde una contestadora se hace pasar por una empresa de contratación-.

Por ello, es que el proyecto de ley propone prohibir la subcontratación de estos servicios fuera de Chile, multando con mil UF, equivalente a unos $39,4 millones, en caso de no cumplir con la normativa.

Además, se establece un artículo transitorio donde el Presidente deberá dictar un reglamento dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, donde se determinará el proceso de fiscalización y sanción.

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados rescataron que al inicio de la tramitación en la Comisión de Economía, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, apuntó que como está actualmente redactada la iniciativa, se podrían generar riesgos de reciprocidad en aquellos países que se pueden sentir afectados.

Esto considerando el nivel de exportaciones de servicios que posee Chile. En 2024 el sector alcanzó un récord de US$2.874 millones con, por ejemplo, el hosting anotó más de US$390 millones, el apoyo técnico en computación e informática más de US$189 millones y las asesorías en TI más de US$100 millones.

También la autoridad estimó que se podría automatizar el rol del teleoperador, o que se podrían encarecer los costos para las empresas que requieran call centers si solo se establece la contratación exclusiva de trabajadores chilenos. Con ello, se decidió una próxima sesión con trabajadores del sector y representantes de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales.