Las empresas plantearon que su situación es "terminal" y señalaron que, de persistir el "grave" escenario actual, tendrá "efectos irreversibles" sobre el sector en particular y la economía en general.
Las empresas que integran la Cámara Argentina de la Construcción se declararon este jueves en emergencia debido a la parálisis de las obras públicas tras el inicio del Gobierno del libertario Javier Milei, quien recortó drásticamente la inversión pública en infraestructura como parte de su plan de ‘shock’ fiscal.
En una declaración emitida tras una reunión celebrada este jueves por el consejo federal de la entidad empresarial, las 1.400 compañías que integran la cámara se declararon en “estado de emergencia” en todo el país y advirtieron de que están en riesgo 200.000 empleos sobre un total de 500.000 en el sector.
En la reunión, muchas de las empresas plantearon que su situación es “terminal” y señalaron que, de persistir el “grave” escenario actual, tendrá “efectos irreversibles” sobre el sector en particular y la economía en general.
“Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”, aseveró la entidad empresarial en un comunicado.
Según la entidad, hay una parálisis generalizada de la obra pública, con cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país.
Con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal este año, el Gobierno de Milei anunció en diciembre pasado, apenas iniciado su mandato, un paquete de ajuste severo que, entre otros puntos, incluyó la decisión del Estado nacional de no licitar más obra pública nueva, y de cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no hubiera comenzado.
También resolvió recortar a mínimos las transferencias de fondos a las provincias, por lo que la obra pública en muchos distritos también se ha visto demorada o parada.
Según las empresas constructoras, a esta parálisis en las obras públicas se suman otros problemas, como los retrasos en los pagos, las altas tasas de interés y el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y un quiebre de la cadena de pagos.
La entidad advirtió que son “inminentes” los despidos masivos, la reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal y la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores.
La cámara dijo que adoptará las medidas necesarias para obtener en “brevísimo plazo” la solución a problemas concretos como la definición de los contratos de obra pública que serán continuados, y la readecuación de éstos en cuanto a precios, plazos y deuda.
