"Los pensionados no pueden seguir esperando y, si en definitiva, alguien se va a oponer a que las pensiones suban a través de la reforma previsional, tiene toda la posibilidad de plantearlo, pero el debate puede obstaculizarse", enfatizó la ministra de la cartera, Jeanette Jara.
Posterior a que la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, informara que el Gobierno presentará indicaciones a la reforma previsional a fines de septiembre, nuevamente la Ministra entregó más declaraciones sobre la tramitación del proyecto.
En un evento realizado en la Sofofa, la encargada del Trabajo explicó que “creemos que ha transcurrido un tiempo que hace necesario tomar acuerdos. Esperamos que a partir del ingreso de las indicaciones, que tienen por objetivo tanto alivianar el proyecto como acelerar su tramitación, podamos despacharlo en breve plazo, ojalá dentro de un mes o mes y medio“.
De esta forma, la fecha tentativa se ubicaría entre octubre y noviembre.
Con todo, la secretaria de Estado especificó que las mismas dependerán de la “voluntad parlamentaria que se exprese en la Cámara de Diputados en particular”.
“Los pensionados no pueden seguir esperando y, si en definitiva, alguien se va a oponer a que las pensiones suban a través de la reforma previsional, tiene toda la posibilidad de plantearlo, pero el debate puede obstaculizarse”, enfatizó.
Cotización adicional del 6%
Respecto al destino de la cotización adicional prevista en la reforma, la ministra de Estado aseguró que “vamos a presentar las indicaciones con 4% (al Seguro Social) y 2% (a capitalización individual), al Parlamento”.
“Lo que más nos interesa es que si, eventualmente, hay otras propuestas, la ciudadanía tenga muy claro que cada punto que se le baja al Seguro Social, las pensiones van a subir menos ahora y, por tanto, no son neutras las modificaciones que algunos parlamentarios proponen”, detalló.
A su vez, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, indicó al respecto que “desde el mundo empresarial hemos internalizado que el aumento de la cotización será de 6 puntos porcentuales”.
“En ese escenario, creemos que este aumento debe ser gradual para no afectar el empleo ni presionar la informalidad laboral; además, se debe garantizar una sana competencia. Las personas deben tener la libertad de elegir entre administradores privados o públicos”, añadió la dirigente gremial.
