Más allá de las declaraciones de triunfalismo que surgieron luego de la aprobación de la ley corta de gratuidad, tanto desde el gobierno como de la oposición, lo cierto es que no todos resultaron favorecidos con el beneficio.
Es más, los estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales fueron los únicos que terminaron pagando los “platos rotos” por la decisión de la derecha de llevar al Tribunal Constitucional los criterios que fijaba la glosa de presupuesto para entregar gratuidad el 2016.
Al objetarse los requisitos, los 49 mil estudiantes vulnerables de CFT e IP ya no pudieron ser parte del beneficio, ya que el gobierno para hacer cumplir el fallo, envió una ley corta donde hubo que fijar los mismos criterios para que las universidades privadas accedieran a la gratuidad, haciendo la distinción con los alumnos de la educación técnico profesional, ya que estas instituciones son diferentes a las universidades, compensándolos por medio del incremento de la beca Nuevo Milenio.
El senador de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldivar, aseguró que los grandes perdedores terminaron siendo los estudiantes de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
Desde la oposición no se hacen cargo de los efectos adversos que tuvo recurrir hasta el Tribunal Constitucional. De hecho, responsabilizan al gobierno de haber incluido con gratuidad a los estudiantes de los CFT e IP, como lo señaló el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.
En el gobierno evitaron traspasarle toda la responsabilidad a la oposición, con quienes debieron negociar incluir un artículo transitorio en la ley corta, para evitar que volvieran al Tribunal Constitucional y donde se establecen los plazos en que los CFT e IP deberán ingresar a la gratuidad, que en definitiva no tendrá mayor impacto, ya que en el proyecto de educación superior se abordara esta materia.
El vocero del Ejecutivo, Marcelo Díaz, aseguró que la derecha no puede eludir su responsabilidad.
Desde los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, el presidente de Vertebral y rector de Inacap, Gonzalo Vargas, reconoció que la ley corta terminó siendo peor que la glosa de presupuesto por gratuidad, pero centró en el gobierno la responsabilidad de no haber incluido en la última iniciativa a los estudiantes de este tipo de instituciones.
En términos concretos, con la glosa de presupuesto que fue objetada por el Tribunal Constitucional, el número total de beneficiados llegaba a 208 mil alumnos vulnerables, donde se incorporaban a los estudiantes de CFT e IP. Sin embargo, con la ley corta esta cifra quedó en 178 mil, donde se terminó incrementando el número de alumnos de universidades privadas en desmedro de los técnicos profesionales que fueron excluidos.
En compensación, se elevó la beca Nuevo Milenio a 850 mil pesos, para aquellas instituciones sin fines de lucro o que quieran serlo y que tengan menos de cuatro años de acreditación. Mientras que para los planteles con más de cuatro años de certificación y no lucro la beca quedó en 900 mil pesos.
