Luego de conocerse el caso del presunto secuestro de un alumno de 13 años en la comuna de La Serena, mientras se trasladaba a su recinto educativo, autoridades del ámbito de la seguridad social manifestaron su preocupación por que este tipo de delito -sin precedentes en la región de Coquimbo tanto en el corto como mediano plazo- comience a ser frecuente en la zona.
Asimismo, pusieron énfasis en las medidas de seguridad que se deben disponer para evitar que un hecho de similares características vuelva a ocurrir.
Desde la PDI informaron que la víctima, mientras se trasladaba en dirección a su colegio cerca las 8:00 de la mañana, fue abordada por dos sujetos, quienes -con su rostro cubierto- procedieron a inmovilizarlo de manos y pies, para luego subirlo a un furgón blanco.
Posteriormente, dejaron al menor abandonado en las inmediaciones del Estadio La Portada, señalándole que no era la persona que buscaban.
Luego de ello, la víctima, en estado de shock, se dirigió a su domicilio para solicitar ayuda a sus familiares, quienes dieron aviso a la policía.
El subprefecto Guillermo Namor, jefe de la Brigada de Robos de La Serena, confirmó que debido a los antecedentes obtenidos en la investigación, “no existe ningún tipo de llamada extorsiva, así como tampoco ningún tipo de demanda o de requerimiento, que es un requisito básico para que se dé la figura del secuestro, pero no obstante el relato del menor tiene que ser contrastado con la recapitulación de los hechos, que efectuará la Brigada de Robos”.
El seremi de Justicia, Carlos Galleguillos, aseveró que éste es uno de los delitos con mayor grado de penalidad, además de “que no es un delito de común ocurrencia por lo general. Lo más común que se da son los robos, el tráfico y a veces algunos hechos que han sido condenados por secuestro, pero por lo general no es algo muy común”.
Sobre el proceso en el caso que actualmente investiga la PDI, la autoridad regional subrayó la gravedad del caso, si es que se confirma la figura delictiva de secuestro.
“Si es una situación así, sería muy preocupante, porque es uno de los delitos más graves que está tipificado en el ordenamiento jurídico penal, pero, que yo tenga antecedentes, no es un delito que sea de común ocurrencia”, sostuvo.
Referente a este último punto, Galleguillos detalló que este tipo de delitos posee ciertas características comunes. Por ello, dependiendo de si se dan o no algunos de esos elementos o circunstancias, la pena para quien sea condenado por cometer secuestro, va de “3 años y un día a cinco. Sube si se pide algún tipo de ‘rescate’ a 5 años y 1 día a 10 años. Si el secuestro dura más de 15 días, puede llegar a 15 años. Y si con motivo del secuestro se comete violación, homicidio o lesiones graves gravísimas, la pena será presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años efectivos”.
Sobre este mismo caso, el prefecto de Carabineros, Rolando Casanueva, mostró su preocupación ante el hecho y recalcó las medidas de seguridad que deben abordar los padres y establecimientos educacionales en el cuidado del alumnado.
“Hay un caso puntual, que es cómo y cuál es el control que tienen los colegios en el ingreso y la salida de los escolares y qué tipo de reuniones han tenido con los apoderados, con la finalidad de poder regular el desplazamiento de los chicos dentro de la ciudad. Lo que siempre se ha pedido es que ojalá exista un control de salida, para que los niños no se vayan solos, y si lo hacen que sea con un par de compañeros, juntos, conocer el sector y tampoco acercarse a cualquier persona ni subirse a un vehículo, menos si es de desconocidos. Hay un exceso de confianza que se puede dar por parte de los jóvenes, y eso va en la instrucción que se entrega en los colegios, para que personas inescrupulosas no se lleven a estos chicos con la finalidad de posiblemente cobrar algún tipo de rescate o de obtener alguna ganancia económica”, explicó.
Junto con ello, Casanueva enfatizó en lo clave de una coordinación para prevenir situaciones de estas características a futuro. “Hay un tema que es de información y orientación, primero, de parte de los colegios y de los padres, para que el exceso de confianza de los menores no dé origen a un hecho delictivo”.
