El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, destacó que la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que revocó el sobreseimiento de la causa en su contra por el atropello con resultado de muerte del cabo de Carabineros Jonathan Garrido, no acogió la solicitud que hizo el abogado querellante para que el Ministerio Público reabriera la investigación y que lo que plantea es una “discusión jurídica” sobre quién debe cerrar el caso.

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“Aquí lo que se ha generado es una discusión jurídica en torno a cuál es el órgano que debe cerrar la causa. Si los tribunales de justicia o la Fiscalía”, acotó el legislador y líder de partido oficialista.

Quintana aseguró no tener “ningún problema en someterme al más estricto y al más alto estándar para demostrar mi absoluta inocencia en este hecho y lo que voy a hacer a partir de esta resolución es justamente entregar todos los antecedentes y si se requiere más colaboración, más colaboración vamos a poner”.

“Lo importante es señalar que aquí no hay una apertura de la investigación como pidió el querellantes, no ha nuevas diligencias pedidas a la Fiscalía, solo se dice que será la Fiscalía la que tendrá que cerrar”, expuso.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco presidida por la ministra Cecilia Aravena López, por el ministro (s) Carlos Gutiérrez Zavala y por el abogado integrante Fuad Halabí Riffo resolvió que “se declara inadmisible el recurso de apelación deducido en contra de la resolución apelada en aquella parte que no dio a lugar en la reapertura de la investigación solicitada por la querellante”.

Y en segundo lugar “que se revoca la resolución apelada en aquella parte que declara el sobreseimiento definitivo de la causa y en su lugar se resuelve que: no se hace lugar a dicho sobreseimiento, disponiéndose que la causa continúe tramitándose de acuerdo a las reglas generales”.

Con el fallo del tribunal de alzada se revirtió en parte la decisión de la jueza Caroline Guzmán del Juzgado de de Garantía de Temuco que el pasado 02 de octubre acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, decretando el sobreseimiento en el caso.

El atropello ocurrió el 07 de febrero de este año en la Ruta S-31 que une la localidad de Vilcún y Temuco, en horas de la noche, cuando el funcionario policial realizaba una fiscalización a un vehículo.