La Corte Suprema acogió un recurso de casación presentado en contra de sentencia que aplicó la excepción de prescripción en la causa y ordenó al Estado a pagar una indemnización total de $200 millones a los familiares de Hugo Vásquez Peña, quien falleció en enero de 1985, al interior de una unidad de la PDI en la comuna de Lo Espejo.
En fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal del país, acogió la demanda presentada por cuatro familiares de la víctima, ordenando a pagar la suma de $50 millones por concepto de daño moral a cada uno.
La sentencia del máximo tribunal establece que la muerte de Vásquez se produjo en un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos, por lo tanto, se trata de una causa imprescriptible penal y civilmente.
El fallo sostiene que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.
“El daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”, precisó el documento.
