Una demanda civil contra Volkswagen fue presentada el martes en Sao Paulo por ex trabajadores y activistas que le acusan de haber permitido torturas y persecuciones de decenas de funcionarios opositores al régimen durante la dictadura militar brasileña.

La denuncia aterriza ante la fiscalía de Brasil justo cuando la empresa alemana enfrenta un escándalo mundial tras admitir que 11 millones de sus coches llevaban un mecanismo para hacer trampa en los controles de emisiones contaminantes.

Pero en Brasil, la demanda del Foro de Trabajadores por la Verdad, Justicia y Reparación que cuenta con apoyo de centrales sindicales, abogados y activistas de derechos humanos se centra en sus actividades durante la dictadura militar (1964-1985).

“Volkswagen no fue la única empresa involucrada, pero sí tuvo un papel de inteligencia en Sao Paulo e incluso coordinó a otras. Y por coincidencia, los documentos que tenemos contra ella son devastadores, en el sentido de que permitió un Estado policial dentro de la empresa o detenciones desde los propios puestos de trabajo”, dijo Sebastiao Neto, un coordinador del Foro en conversación con la Agencia AFP.

La acción también es impulsada por abogados que participaron de la Comisión Nacional de la Verdad, instaurada en 2012 por la presidenta Dilma Rousseff para investigar los crímenes de la dictadura militar (1964-1985). La Comisión cerró sus trabajos el año pasado con la publicación de un informe.

“Hubo trabajadores de Volkswagen que fueron víctimas de tortura y prisión ilegal, así como otros que fueron víctimas de desempleo y fueron incluidos en ‘listas negras’, monitoreados y vigilados ilegalmente”, explicó Rosa Cardoso, una de las abogadas que coordinó la Comisión y hoy representa a las víctimas de este caso.

La denuncia ante la fiscalía menciona a 12 ex trabajadores detenidos y torturados en la fábrica de Volkswagen en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, así como a decenas de funcionarios que formaron parte de las listas.

El proceso busca “una reparación colectiva” por parte de la compañía alemana y no una indemnización caso a caso o un juicio criminal.

El militante comunista Lucio Bellentani tenía 28 años cuando fue detenido dentro de la fábrica de Volkswagen en la que trabajaba como operario del sector de prensas.

“Me llevaron esposado al departamento de personal y ahí mismo empezaron a torturarme”, contó a la AFP. Días después fue trasladado a un centro de detención, estuvo 40 días incomunicado y un año preso antes de ser sometido a juicio.