El primer ministro rumano, Victor Ponta, fue imputado este lunes por corrupción en relación con unos presuntos delitos cometidos cuando era abogado, anunció la Fiscalía Anticorrupción.

Los fiscales embargaron, además, parte de los bienes del primer ministro socialdemócrata para poder recuperar el prejuicio económico, en caso de que sea declarado culpable, añadió la misma fuente.

Ponta, de 42 años, acudió por la mañana del lunes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción (DNA) para declarar ante los fiscales.

Según fuentes judiciales, se negó a responder a las preguntas y dijo estar a la espera de las conclusiones de un peritaje financiero contable solicitado por la DNA.

Al primer ministro se le acusa de “17 infracciones de falsificación de documentos, complicidad en evasión fiscal y blanqueamientos”, en unos hechos que se remontan a 2007-2011, cuando Ponta era abogado.

Los fiscales le acusan de haber recibido el equivalente a 55.000 euros de parte de un allegado, Dan Sova, que también era abogado en aquella época, con quien habría firmado un contrato de colaboración.

Para justificar esta suma, recibida en tramos mensuales, habría redactado 17 facturas en 2011 atestando haber trabajado, falsamente, para el bufete de abogados de Sova.

A Ponta también se le acusa de conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones de primer ministro por haber nombrado a Sova ministro en dos ocasiones, en 2012 y en 2014.

Sin embargo, la DNA no ha podido iniciar investigaciones contra él por este caso, ya que el Parlamento rumano, dominado por la coalición de izquierdas de Ponta, rechazó retirarle la inmunidad.