La aplicación de tarifas arbitrarias para el arriendo a los usuarios de la Zona Franca en Punta Arenas podría convertirse en una nueva causal para aplicar multas a la concesionaria Rentas Inmobiliarias, informó el intendente de Magallanes, Jorge Flies.
Hasta el 16 de enero tiene plazo la empresa administradora de la Zona Franca para responder a dos procesos administrativos que inició la Intendencia de Magallanes, tras culminar un largo y acabado análisis al cumplimiento del contrato que le otorgó la concesión del recinto franco.
El intendente explicó que hay dos materias sobre las cuales surgieron antecedentes, que evidencian que se ha dejado de cumplir dicho contrato.
Una tiene que ver con la existencia de casos en que los espacios dentro del recinto franco han sido subarrendados a terceros, que no tienen la calidad de usuarios de la Zona Franca, requisito indispensable para operar bajo esta franquicia.
La otra surge a partir de diferencias detectadas en los precios que cobra la administradora por el arriendo, tarifas que están fijadas en el contrato y que no se habrían respetado.
A partir de las explicaciones que aporte la administradora Rentas Inmobiliarias a estas dos materias y su análisis, la autoridad definirá, después del 16 de enero, las medidas que se adopten respecto de la concesión.
Éstas pueden ir, si las explicaciones no son satisfactorias, desde nuevas multas hasta la caducidad definitiva del contrato.
Las observaciones que dieron origen a los procesos administrativos también fueron informadas a la Contraloría General de la República, informó el intendente Flies.
Pronunciamientos de Contraloría
El intendente también se refirió a las consultas efectuadas con anterioridad a la Contraloría en el marco del seguimiento y control del contrato.
Una tiene que ver con la validez de un acta firmada el 2013 por el ex Intendente Mauricio Peña y Lillo y Rentas Inmobiliarias y que refleja un acuerdo para considerar cumplidas parte de las obligaciones de la administradora.
Al respecto, Flies dijo que según la Contraloría ese documento no tiene validez administrativa ni jurídica, por lo que para el Gobierno Regional no existe. Agregó que se analiza desde el punto de vista jurídico si en esta situación existió dolo.
Otro tema sobre el que se pronunció la Contraloría es la existencia de los subarriendos dentro del recinto franco, aclarando que no corresponden ni tienen cabida dentro de lo establecido en la concesión.
El intendente recordó además que desde el 16 de agosto a la fecha se han cursado cuatro multas a la administradora, por el retraso en la ejecución de obras comprometidas en el contrato.
