Sólo dos crímenes perpetrados por agentes del Estado durante la dictadura permanecen cerrados por el decreto-ley de Amnistía, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En total fueron 93 los casos de violaciones a los derechos humanos que amnistiaron los tribunales de justicia, de los cuales 91 fueron reabiertos desde que en 1998 se acogieran los convenios de Ginebra como argumento para investigar y juzgar estos hechos.
Los antecedentes son importantes a la hora de evaluar el proyecto que anunció el Gobierno pasado 11 de septiembre para anular el decreto ley de Amnistía dictado en 1978 por la Junta Militar, iniciativa a la que se le quitó el trámite de suma urgencia.
El director del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugás, descartó que una eventual aprobación de esta ley genere más conflictos.
Cristián Cruz, abogado que representa a familiares de víctimas de la dictadura, reconoció que el proyecto de ley del Gobierno puede tener pocos efectos. Sin embargo, destacó que podría evitar futuros cambios en los criterios de los jueces.
Las dos investigaciones que restan por reabrir y que permanecen amnistiadas son las de Luis Contreras León, detenido en Calama en 1973, y Jorge Valenzuela Valenzuela, cuyo paradero se desconoce desde esa fecha.
En ambos casos el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior realizará las gestiones judiciales para levantar el sobreseimiento.
