Una ampliación de los informes ya evacuados pidió la Corte de Apelaciones penquista al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Superintendencia de Medioambiente, en el marco del recurso de protección que mantiene clausurada la termoeléctrica Bocamina II.
La solicitud en ese sentido fue del abogado Sebastián Inostroza, quien representa a pescadores y algueras de la caleta Lo Rojas en Coronel. Y lo hizo al calificar de escuetos los antecedentes entregados por Ricardo Irarrázabal, del Servicio de Evaluación, y por Juan Carlos Monckeberg, de la Superintendencia de Medio Ambiente.
El abogado Inostroza además señaló que era sorprendente el informe de Monckeberg, al indicar que los tribunales son incompetentes respecto de irregularidades en el funcionamiento de termoeléctricas, subrayando que sólo la Superintendencia puede fiscalizar a empresas como Endesa. Y subraya el profesional en el fallo de la Corte Suprema que la semana pasada calificó como ilegal el funcionamiento de las unidades 1 y 2 de Bocamina.
En los nuevos informes que envíen el SEA y la Superintendencia, estos organismos deberán pronunciarse sobre la inexistencia de un Estudio de Impacto Ambiental que respalde a Endesa y su planta termoeléctrica.
Actualmente la Corte penquista tramita un segundo recurso de protección contra Endesa, presentando también por pescadores artesanales y algueras de Coronel, pero que ahora busca la paralización de Bocamina 1.
