La autorización ambiental requerida para la realización del proyecto Camino de la Fruta, que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con un costo estimado de 400 millones de dólares, quedó sin efecto tras el segundo fallo emanado del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
El tribunal acogió por unanimidad el reclamo contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por no asegurar la realización de un proceso de participación ciudadana que no fue informado de manera correcta, en el marco de la evaluación de impacto ambiental (EIA) del proyecto.
Según indicó el alcalde de San Antonio, Omar Vera, esta situación es lamentable ya que retrasa el flujo de tránsito para las cargas que van hacia otros países.
La autoridad agregó que la comunidad esperaba con ansias la realización del proyecto, puesto que evita el tránsito de camiones por el centro de la ciudad.
El requerimiento judicial fue interpuesto por un particular, quien denunció que en el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) no habría contado con toda la información al momento de efectuarse la participación ciudadana.
Mientras, el Tribunal -acogiendo la demanda- dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), impidiendo la continuación del proceso hasta no obtener una evaluación positiva.
