Unos 300 uruguayos marchaban el jueves hacia la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en reclamo por la reciente decisión del organismo de considerar inconstitucional una ley que declaraba imprescriptibles los delitos cometidos durante la última dictadura (1973-1985), cuando este jueves se cumplen 40 años del golpe de Estado.

Bajo el lema “Caravana por la Justicia”, Plenaria Memoria y Justicia y otras organizaciones sociales recorrieron varias cuadras del centro de Montevideo con cánticos contra la SCJ -que en el afiche de convocatoria denominaron “Corte de Injusticia”- por considerar que el accionar del Poder Judicial en Uruguay obstaculiza la detención y el procesamiento de militares que cometieron crímenes en la dictadura.

“No nos callamos, seguiremos buscando que esta Corte de ‘injusticia’ haga lo que tiene que hacer y juzgue a los asesinos, violadores y raptores de niños que todavía andan sueltos”, dijo a la AFP Juan, un joven que prefirió no dar su apellido.

Las autoridades locales tomaron medidas de seguridad en el entorno de la SCJ para intentar contener posibles incidentes.

A cuatro décadas del golpe de Estado, unas 15 personas -entre ellos los exdictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry- han sido procesadas por crímenes cometidos durante la dictadura. Todos ellos fueron juzgados por delito de homicidio especialmente agravado, que según juristas prescribió en 2011.

Por tal motivo, el Parlamento uruguayo aprobó ese año -por impulso de la izquierda gobernante- una ley que declaró a los delitos de dictadura como de “lesa humanidad” y por tanto imprescriptibles.

Sin embargo, a inicios de este año la SCJ declaró la norma inconstitucional para un caso concreto.

Este jueves, el gobierno uruguayo recordó en el Parlamento los 40 años del golpe de Estado, en un acto que contó con la presencia del presidente José Mujica y de todas las autoridades políticas del país.

Mujica, exguerrillero militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN- Tupamaros, permaneció preso como uno de los “rehenes” de la dictadura sometido a tratos inhumanos.

El régimen dictatorial dejó unos 230 uruguayos desaparecidos, según datos de la Comisión para la Paz que investigó el tema entre 2000 y 2003. La mayoría de ellos desaparecieron en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.