En el marco del descubrimiento de una red de explotación sexual comercial infantil en la Región Metropolitana, el Gobierno presentó un proyecto, en primer trámite, que implementará mecanismos concretos para enfrentar la criminalidad sexual que afecta a niños y adolescentes y asimismo, endurece sanciones sobre este tipo de delitos.
La Comisión de Constitución será la encargada de analizar dicha iniciativa que entre otros aspectos, aumentará desde 3 años y un día a 5 años de presidio, en vez de 541 días a 3 años de presidio, a quienes comercialicen, difundan o exhiban material pornográfico que incluyan menores y/o adolescentes.
Igualmente, el texto legal que modifica el Código Penal, establece una agravante de la responsabilidad consistente en impedir la aplicación del grado inferior de la pena o la mitad inferior si consta de un solo grado, respecto de los delitos sexuales cometidos por personas con vínculos parentales, religiosos o educativos con niños, niñas y adolescentes.
El proyecto también restringe la posibilidad de eliminar los antecedentes, aumentando el plazo a diez años en el Registro, para quienes hayan sido condenados por delitos en contra los niños y adolescentes. Dichas personas serán aquellas “vinculadas a profesiones o cargos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa o habitual con menores de edad”.
Finalmente, el texto legal establece mayores establecer mayores requisitos y exigencias para otorgar beneficios intra-penitenciarios y la libertad condicional. Así, en determinados delitos “considerados graves se exige haber cumplido dos tercios de la misma”.
Por su parte el senador Patricio Walker pidió al gobierno más recursos para el Sename y subrayó que “el que paga por tener sexo con un menor, es un delincuente, un criminal y debe ser sancionado siempre, al igual que los proxenetas que hacen el contacto con los clientes”.
El parlamentario agregó que “esto no es sólo por que sea una conducta reprochable y deleznable pagar por sexo con un menor, sino también porque es necesario desincentivar la demanda. Existe una red de explotación y un proxeneta porque alguien paga por esos servicios; hasta el 2003 esta conducta no estaba penalizada. Afortunadamente hoy quien paga por tener sexo con un niño es un delincuente y tiene pena de cárcel”.
Además, el legislador indicó que “aquí se están aprovechando de la vulnerabilidad social de niños que van a buscar a la periferia para que entren a estas redes, con todo el daño que esto les ocasiona. No hay que hablar de prostitución infantil, porque eso estigmatiza a los niños, siendo que ellos son víctimas y son utilizados como un objeto. El término correcto es explotación sexual comercial infantil y los grandes responsables de esto son los clientes y los proxenetas”.
