La Cámara de Diputados argentina aprobó el jueves y giró al Senado un proyecto que declara de “interés público” el papel prensa, cuya única fábrica tiene participación del Estado pero está controlada por los diarios La Nación y Clarín, enfrentados con la presidenta Cristina Kirchner.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que ahora debe pasar al Senado para su sanción, se debatió durante más de siete horas y fue aprobada con 134 votos a favor del oficialismo y sus aliados, 92 en contra y 13 abstenciones.
El proyecto busca “asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario”, tanto a personas físicas como jurídicas con domicilio en el país.
Además, establece criterios de precios, comercialización y de producción para satisfacer la demanda interna de los periódicos, a través de un aparato regulatorio que queda en manos del ministerio de Economía.
La diputada oficialista Juliana Di Tullio, en rol de miembro informante por ser titular de la Comisión de Comercio, aseguró que la iniciativa “cuida, resguarda y promociona la libertad de expresión en el país”.
“En la distribución del papel existió y existe una inequidad absoluta en dos grandes objetivos expresados en el dictamen de mayoría: el acceso igualitario a ese bien preciado que necesitan los diarios y en el precio único para que no haya diferencias entre grandes y pequeños medios”, dijo Di Tullio.
Actualmente, la empresa Papel Prensa, que pertenece a Clarín (49% de acciones), La Nación (22%) y al Estado (27,46%), es el único proveedor en el país de papel para diario con una producción de 170.000 toneladas anuales y abastece a 130 medios gráficos.
Durante el debate, la oposición reiteró sus críticas a la iniciativa, a la que enmarcan en el conflicto del Gobierno con los diarios más importantes del país, en sintonía con la opinión de organizaciones internacionales de prensa.
“En este debate ha sido demostrada la sinrazón del proyecto del Poder Ejecutivo”, dijo Ricardo Gil Lavedra (Unión Cívica Radical, socialdemócrata) y sostuvo que “la iniciativa tiene nombre y apellido y está dirigida a una sola empresa que es Papel Prensa”.
Para Federico Pinedo, titular del bloque PRO (derecha), “la intención de confiscar Papel Prensa no es un hecho aislado sino un eslabón más de una larga cadena de acciones dirigidas a controlar los medios de comunicación”.
El proyecto encendió una luz roja en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyo presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo Mohme, dijo que “que estamos frente a una maniobra del Gobierno por controlar a los medios”.
“Nuestra preocupación radica en que esta posible ley de control basada en el concepto de interés público podría ser utilizada para expropiar la empresa y, peor aún, convertirse en una herramienta potencial para controlar a su antojo a cualquiera o a todos los medios en el futuro”, advirtió.
El proyecto será enviado al Senado para su aprobación y la intención del oficialismo es aprobarla lo antes posible aprovechando la amplia victoria electoral de octubre pasado.
El conflicto del Gobierno con los diarios escaló el año pasado cuando se presentó una querella contra los directivos de Clarín y La Nación, por supuestos delitos de lesa humanidad en la adquisición de Papel Prensa, durante la última dictadura (1976/83).