Refiriéndose a los principios y alcances de la ley de probidad administrativa y prescindencia política respecto de los embajadores y funcionarios que estarían impedidos de desarrollar actividades políticas y de emitir opiniones de este tipo, la Contraloría General de la República, respondió a la petición formulada por los diputados de la DC Jorge Burgos y Juan Carlos Latorre.

Cabe destacar que ellos pidieron un pronunciamiento sobre algunas actividades y conductas del actual embajador chileno en Argentina, Adolfo Zaldívar, para determinar si se vulneró la normativa que le impide realizar actos proselitistas mientras ejerce funciones de representación diplomática.

La respuesta de la Contraloría, emitida en una resolución del 29 de agosto, incluye una solicitud a la Cancillería para que abra una investigación interna que aclare estos hechos denunciados, “procediendo a investigar la eventual trasgresión de los deberes contemplados en la ley”.

La Contraloría advierte además que lo anterior es, sin perjuicio de las propias medidas que pueda adoptar este Organismo Fiscalizador, en virtud de sus facultades.

Si bien la Cancillería, respondiendo a los requerimientos de la Contraloría, emitió un informe en el que se señala que los embajadores podrían efectuar actividades de carácter político, “fuera del horario de trabajo y con bienes y recursos propios”, la instrucción de la Contraloría es investigar de igual forma las conductas del embajador, lo que a juicio del diputado Jorge Burgos, “permitirá clarificar si efectivamente trasgredió o no la ley”.

En el oficio que enviaron los diputados DC a la Contraloría, señalan que “si un embajador participa en actividades políticas en el país, el asunto es particularmente grave” y agrega que “como funcionario público, el embajador está sujeto a las reglas de probidad administrativa”.

Se precisa, también, que “uno de los deberes que implica dicho principio es que a quienes se les aplica están impedidos realizar actividades de carácter político. Por lo mismo, no pueden intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, a candidaturas, tendencias o partidos políticos”.

Finalmente, se señala que cualquier declaración formulada por un embajador “la hace como representante, no como particular o privado; por lo mismo, puede comprometer al país con sus dichos. En segundo lugar, porque como embajador, representa al Estado de Chile; por lo mismo, está al margen de la refriega política. En tercer lugar, porque si la prescindencia política fue aplicada a los Ministros, no obstante que no eran técnicamente funcionarios, con mayor razón se debe aplicar a los embajadores, cuya única particularidad es que son funcionarios públicos de la exclusiva confianza del Presidente.”

El diputado Jorge Burgos dijo que con este pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe investigar si el embajador Adolfo Zaldívar violó estas disposiciones.

El presidente del PRI, el diputado Pedro Araya, se mostró de acuerdo con que la Cancillería investigue, pero insistió que la presentación de los parlamentarios falangistas es sólo parte de la factura que Zaldívar está pagando por su traumática salida de la Democracia Cristiana.

Adolfo Zaldivar fue expulsado de la Democarcia Cristiana el 2007, tras 40 años de militancia.