El estado de Arizona demandó el jueves al gobierno federal por su “fracaso” en garantizar su seguridad fronteriza y dejarlo desprotegido ante una invasión de inmigración ilegal que vincula con la violencia, anunció la gobernadora.
La demanda, que busca una compensación de Washington, es una respuesta a otra demanda presentada en junio de 2010 por la administración de Barack Obama contra la ley migratoria aprobada por la gobernadora Jan Brewer, que criminalizaba a los indocumentados en este estado fronterizo con México.
“Nuestros ciudadanos han vivido con esta nube oscura por mucho tiempo. Es hora de que el gobierno federal haga su trabajo y asegure la frontera”, dijo la gobernadora Brewer, tras presentar la demanda en la corte federal en Phoenix.
La querella presentada por Washington el año pasado provocó que un juez federal en Arizona suspendiera algunas de las partes más polémicas de la ley, como la facultad de la policía local de detener y cuestionar a una persona por ser sospechosa de indocumentada.
La demanda presentada el jueves acusa al gobierno federal específicamente de no haber reembolsado a Arizona más de 760 millones de dólares en costos por encarcelar a inmigrantes indocumentados.
“Si bien el control de la frontera es una responsabilidad federal, los extranjeros ilegales que logran cruzar la frontera y cometen un delito en Arizona se ha convertido en una responsabilidad de Arizona,” dijo el fiscal general del estado, Tom Horne.
Brewer sostuvo que la frontera entre Arizona y México sigue siendo un lugar peligroso, a pesar del refuerzo militar escalonado ordenado por las autoridades federales a lo largo de la frontera de más de 3.000 km.
La gobernadora también citó la reciente muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza como evidencia de incursiones ilegales de los cárteles de la droga. “Nuestra frontera y el sistema de inmigración se mantiene roto”, dijo.
La demanda también pide una indemnización por parte del gobierno federal por el costo para el estado en todo lo concerniente a seguridad de la frontera.
Brewer aseguró que la lucha contra la inmigración ilegal ha costado al estado más de 3.000 millones de dólares y afirmó que los fondos estatales no pueden afrontarlos dada la grave crisis presupuestaria.
