El dirigente de los comités Libertad -ex comités Ingrid Betancourt-, Armand Bourguet, afirma que la demanda hecha por la ex rehén al Estado colombiano por unos 6,5 millones de dólares, estaba enmarcada en una acción colectiva iniciada por otros rehenes y destinada a apoyarla.
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El ministerio de Defensa colombiano publicó el viernes un comunicado en el que señala que Betancourt y sus familiares presentaron el 30 de junio dos solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que piden una compensación monetaria por un total de 13.000 millones de pesos (unos USD 6,5 millones).
“No se trata de una acción aislada únicamente de Ingrid Betancourt, sino de su compromiso con un procedimiento legal que los otros ex rehenes liberados iniciaron desde hace tiempo, en aplicación de la ley colombiana”, declaró Bourguet en un comunicado.
Bourguet, que dirigió los comités Ingrid Betancourt, que activaron la solidaridad con la franco-colombiana durante los seis años que estuvo retenida por la guerrilla colombiana de las FARC, puntualizó que fueron los propios compañeros de cautiverio los que le pidieron que hiciera la demanda.
“Al ser de dos años después de la liberación el plazo para presentar un expediente (de indemnización), los compañeros de detención de Ingrid (…) la contactaron para pedirle se uniera a ellos, lo que podría ayudarlos a resolver varias dificultades y retrasos administrativos a los que se enfrentan”, afirmó Bourguet.
El dirigente también precisó que el importe citado por la prensa no corresponde a una demanda precisa de indemnización sino el definido por el procedimiento de indemnización legal, que permite cifrar de manera objetiva e idéntica para cada cual los daños sufridos por una víctima y sus familiares.
Armand Bourguet también señaló que una vez culmine el procedimiento, la suma propuesta por el Estado será destinada totalmente a apoyar a las otras familias de rehenes en Colombia, sobre lo cual la propia Ingrid Betancourt dará más explicaciones en los próximos días.
La solicitud de Ingrid Betancourt –rescatada el 2 de julio de 2008 en la llamada Operación Jaque, tras más de seis años de cautiverio– desató en Colombia gran indignación, en especial por parte del Estado.
“Es un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez. Estoy indignado, triste y desilusionado”, declaró, entre otros, el vice-presidente colombiano Francisco Santos.
