Con el fin de revertir la medida anunciada por la ministra de Vivienda, de devolver miles de carpetas de postulación a subsidio para comprar casas usadas, el gerente general de una EGIS inició una huelga de hambre.

Una cuestión moral fue la que motivo a Sergio Almarza Álamos, gerente general de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) RedAlmarza, a iniciar esta mañana una huelga de hambre sólida, para protestar por la reciente decisión del Serviu metropolitano, de dejar sin efecto 10.000 postulaciones a subsidios para comprar viviendas usadas.

Según el emprendedor social, su acción tiene por objetivo lograr que el Gobierno y la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, respeten la legalidad, reconociendo el derecho de más de 10.000 familias a recibir el mencionado subsidio habitacional. Tal como se desprende del dictamen 21.182 de la Contraloría General de la República, del 23 de abril de este año.

Esta situación tiene su origen en un cambio de reglas repentino que, de acuerdo con el manifestante, efectuó la titular del Minvu de la administración anterior, Patricia Poblete.

Este cambio habría perjudicado a miles de familias ubicadas bajo la línea de la pobreza, que postularon al subsidio cumpliendo con todos los requisitos para obtenerlo.

Esa infracción legal fue reconocida por la Contraloría, y en su dictamen ordenó al Serviu metropolitano revertir la situación.

Pero recientemente, la actual titular de Vivienda manifestó públicamente que devolverá unas 10.000 carpetas de postulaciones a los subsidios, porque su Ministerio no tiene recursos.

Para Miguel Ángel Torres, abogado de la Asociación Nacional de EGIS, ANAEGIS, es increíble que la actual autoridad estatal de Vivienda esté dejando desamparadas a unas 20.000 familias, 10.000 que venden y 10.000 que compran.

De acuerdo a lo expresado por la ministra Matte, esta es una mochila dejada por la administración anterior, y ahora las nuevas autoridades están pagando el costo político de una decisión impopular, como la adoptada, por una cuestión presupuestaria.

Hay que señalar que esa acción impopular, le puede acarrear al Minvu y al Serviu metropolitano una serie de demandas legales de parte de los afectados.