La Contraloría General de la República desestimó la denuncia de intervención electoral realizada por el comando de Sebastián Piñera, sobre declaraciones de ministros de Estado en favor del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei.
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La denuncia fue realizada por Rodrigo Hinzpeter, Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn, en contra de los ministros de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández; de Obras Públicas, Sergio Bitar; secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo; de Educación, Mónica Jiménez; de Agricultura, Marigen Hornkohl; y la ex secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá.
A juicio de los denunciantes, los ministros contravinieron el principio de probidad administrativa y el instructivo impartido por Contraloría, que prohíbe a funcionarios del Estado llamar a votar por algún candidato durante su jornada laboral.
Ramiro Mendoza, contralor de la República, entregó el dictamen acerca de la denuncia realizada por los miembros del comando de Piñera. En lo medular, desestima la denuncia, pero de ahora en adelante revisará detalladamente las actuaciones de los ministros en materia de intervención electoral.
“Los Ministros de Estado, en el desempeño de la función pública que ejercen, siempre deben observar cabalmente las normas constitucionales y legales que regulan el principio de probidad administrativa y, en particular, aquellas en cuya virtud los funcionarios, autoridades y jefaturas, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, están impedidos de realizar actividades de carácter político y, por ende, a manera ejemplar, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”, dice el dictamen.
“Esta nueva forma de proceder a la que -en lo sucesivo- se atendrá estrictamente la Contraloría General de la República para ejercer sus potestades fiscalizadoras respecto a dichas autoridades, importa dejar sin efecto todo dictamen precedente que le sea contrapuesto”.
El contralor cierra el dictamen diciendo que “De lo expuesto y en resguardo de la certeza jurídica, este criterio sólo resulta aplicable hacia el futuro, sin afectar los casos particulares ocurridos con anterioridad, de manera que no procede, en esta oportunidad, calificar las actuaciones denunciadas por los interesados”.
