La Corte de Apelaciones de Concepción acogió a trámite un recurso de protección presentado por el juez de Policía Local de Lebu, Héctor Troncoso, en contra de la isapre Cruz Blanca, pidiendo que la justicia obligue a la aseguradora a financiar el tratamiento por fibrosis pulmonar que lo aqueja.
El magistrado, representado por el abogado José Bidart, denuncia que -recetado por sus médicos tratantes- debe adquirir mensualmente el medicamento Vargatef, a un valor promedio de 2 millones 250 mil pesos, costo que la isapre -de manera ilegal y arbitraria, argumenta- se niega a asumir, y de allí la presentación de la acción legal.
Al admitir que si bien ni la enfermedad ni el tratamiento están protegidos por la normativa legal y contractual con Cruz Blanca, el juez municipal denuncia una inexcusable obligación constitucional para que la aseguradora otorgue la cobertura económica, argumentando además los 12 mil millones de pesos en utilidades obtenidas por la isapre el año pasado, un 216% más que en 2015.
Al acoger a trámite el recurso de protección, la Corte de Apelaciones penquista ordenó que la isapre informe sobre el caso en un plazo de ocho días, y también pidiendo a la Superintendencia de Salud que entregue una opinión a respecto de manera de resolver la controversia.
