Lo ocurrido confirma una verdad incómoda: para los barones del norte, Magallanes sigue siendo prescindible y canjeable. Pero se equivocan.

“¡Magallanes, Magallanes!” fueron las últimas palabras de Bernardo O’Higgins. Una escena destinada a transmitir un mandato geopolítico inequívoco, que ha sido sistemáticamente ignorado por el Estado de Chile. Con el paso del tiempo —y de manera particularmente aguda desde el retorno a la democracia— Magallanes dejó de ser una prioridad estratégica para transformarse en una incomodidad para las élites centralistas, incapaces de comprender la magnitud del desafío austral.

El resultado fue previsible: una región sumida en una desorientación estratégica con graves consecuencias territoriales, un desorden persistente en la gestión pública y un Estado incapaz de concebirse más allá del horizonte de cuatro años. Todo ello resulta irrelevante cuando impera el trueque y el cortoplacismo en la política chica.

El Tratado de Campos de Hielo de 1998 marcó un punto de inflexión histórico, al ordenar a la clase política tras un acuerdo que desconoció tanto el Tratado de 1881 como el Laudo Arbitral de 1902. En los hechos, Chile quedó estrangulado entre el Seno Andrew y Laguna Escondida: aunque Argentina no accede directamente al Pacífico, se consolidó un “corte virtual” que convierte a Magallanes en un cuasi enclave.

Frente a ello, las élites centralistas guardaron silencio y, seguramente, siguen sin conocer este acuerdo. Lo ocurrido después ha sido desastroso: desde la pasividad respecto de la plataforma continental extendida (2009–2019) hasta la ratificación del Tratado de Alta Mar en el mar antártico chileno. Son numerosos los ejemplos que muestran una doctrina más atenta a las planillas de cálculo que al legado de O’Higgins.

Este retroceso soberano se ve reforzado por el estancamiento poblacional de Magallanes, que ostenta la segunda peor tasa de natalidad del país; la escasez de plazas —como medicina— en la Universidad de Magallanes, cuya crisis académica y financiera es una herida abierta para la región; y la ausencia de un plan serio de conectividad terrestre que impulse inversión y presencia efectiva de Chile en los océanos del sur. Tan simple —y tan difícil— como eso.

Estas razones me llevaron a apoyar con convicción a José Antonio Kast. En su momento, ofrecía consecuencia y una manera distinta de entender la política. Creí en una visión geopolítica seria, donde Magallanes fuera concebida como eje antártico y bioceánico, y no como una zona de sacrificio funcional a intereses corporativos.

Sin embargo, lo que hoy asoma es el retorno de los peores vicios de la política chilena. Mientras se declama sobre principios, desde Santiago se canjean votos por nombres, a espaldas de los magallánicos y…por treinta monedas.

No son errores aislados, sino tratativas ocultas con el oficialismo regional que utilizan a nuestra región como moneda de cambio. Esto no es solo una falta ética: es un riesgo directo para los intereses del territorio.

Lo ocurrido confirma una verdad incómoda: para los barones del norte, Magallanes sigue siendo prescindible y canjeable. Pero se equivocan.

Esta es una región con historia, vocación soberana y honor. El extremo austral no admite cálculos mezquinos; exige compromiso genuino con Chile. Y mientras ejerza cargos públicos, no permitiré que su dignidad ni su soberanía sigan negociándose en la oscuridad. Magallanes no está a la venta, y la ética no puede —ni debe— ser el precio del poder.