El 31 de octubre de 2020 se cumplen 20 años desde la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), que proporcionó un marco para incorporar una agenda de género en la resolución de conflictos, en el mantenimiento de la paz y en la toma de decisiones.

Esta resolución representa una clara y fuerte manifestación de la importancia que cobra la participación de las mujeres en instancias y cargos de toma de decisiones, desde las cuales contribuyen significativamente al diseño e implementación de procesos políticos a nivel nacional e internacional.

En ese contexto, cabe destacar dos aspectos fundamentales considerados en la Resolución 1325 para alcanzar una mayor igualdad de género: la protección y la participación. Si bien es primordial, el sentido de protección muchas veces hace ver a las mujeres como un grupo débil y vulnerable. Sin embargo, el énfasis en la participación requiere una mirada en que las mujeres sean consideradas como sujetos igualmente capaces de ser parte activa en todos los espacios de la vida social y política.

Solo una participación más equitativa de mujeres en dichos espacios de pensamiento, acción e influencia permitirá identificar y abordar, de manera tanto eficiente como eficaz, las condicionantes socioeconómicas que permitan proteger a mujeres y niñas de situaciones de abuso y la violencia.

Resolución 1325 y participación femenina en Israel

Desde la adopción por parte de Israel de la Resolución 1325, nuestro país ha desarrollado diversas iniciativas tendientes a la implementación de todos los aspectos considerados en dicho documento.

Si bien Israel es un país que a lo largo de su historia ha incorporado igualitariamente a las mujeres en los mecanismos de seguridad, progresivamente se han fortalecido las medidas tendientes a la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad a fin de adecuar sus necesidades a entornos dinámicos y disruptivos.

En ese sentido, por ejemplo, se establecieron políticas públicas orientadas a la prevención y combate del acoso y la violencia en los entornos laborales, mientras que -en el ámbito internacional- se desarrollaron programas de capacitación a países en desarrollo en empoderamiento femenino.

Más aún, en 2014, el Gobierno de Israel adoptó la decisión de crear un “Task Force” para formular un Plan de Acción Nacional para implementar la Resolución 1325, con especial énfasis en el incremento de la participación de mujeres en los procesos de prevención y solución de conflictos, así como en la protección de niñas y mujeres contra la violencia y el abuso. La realización de este Plan de Acción Nacional se desarrolló a través de un proceso inclusivo y participativo que consideró a más de 35 organizaciones sociales israelíes, académicos y académicas, los más altos liderazgos políticos y las entidades públicas competentes.

El eje central de dicho plan se basó en un objetivo mayor: la igualdad de género como un eje en los procesos de paz. Como consecuencia de su adopción, se realizó un informe comparativo de las mejores prácticas para la implementación de la Resolución 1325, basado en la experiencia adquirida en otros países, y un informe del estado de la representación de las mujeres en los foros y procesos de toma de decisiones en Israel.

Sin embargo, lo sabemos bien, aún queda mucho por hacer. En un panorama general, vemos que la participación de mujeres en instancias de toma de decisiones no es una constante. Así, por ejemplo, el 51% de los jueces en el sistema de justicia israelí son mujeres, incluyendo a Esther Hayut, Presidenta de la Corte Suprema de Israel. No obstante, en el nivel más alto servicio civil del Estado de Israel sólo un 11% de los cargos son ocupados por mujeres; la participación de mujeres en el Gabinete Ministerial asciende apenas al 20%; en el “Gabinete para el Coronavirus” -creado en el contexto de actual crisis sanitaria- sólo hay una mujer, y apenas 17 de los 103 jefes y jefas de misión israelíes, que conforman el cuerpo diplomático, son mujeres.

Lo anterior ha propiciado el establecimiento de metas orientadas a alcanzar una participación paritaria de mujeres en altos cargos del Estado por parte del gobierno israelí.

Han transcurrido 20 años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, y si bien las políticas derivadas de esta han reportado avances significativos, es momento de pensar –a nivel local y global- sobre cuáles son los desafíos por enfrentar para las próximas décadas.

En definitiva, la participación paritaria de mujeres en instancias de toma de decisión debe ser una consigna permanente para los años venideros, tanto en los procesos de construcción de la opinión y acción públicas como en los ámbitos de liderazgo, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de Naciones Unidas. Parafraseando a la gran ex Primera Ministra de Israel, Golda Meir: “No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Sin embargo, sí puedo decir sin dudar que no son peor”.

Marina Rosenberg
Embajadora de Israel en Chile