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Para Chile, este escenario exige comprensión fina de la arquitectura política peruana.
El Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí, el séptimo presidente en 10 años (y a solo dos meses de las elecciones generales), quien ejercía la Presidencia de la República en condición de encargado tras la vacancia de Dina Boluarte.
Con esta decisión, el Legislativo vuelve a redefinir el equilibrio de poder en un país marcado por una inestabilidad institucional persistente desde la destitución de Pedro Pablo Kuczynski (julio 2016 – marzo 2018).
¿Cómo se llegó a este punto?
Tras la vacancia presidencial aplicada a Boluarte por incapacidad moral permanente -figura prevista en el orden constitucional- la sucesión recayó en el presidente del Congreso. Ante la inexistencia operativa de vicepresidencias, José Jerí asumió la jefatura del Estado de manera interina por encabezar la Mesa Directiva del Parlamento.
Aquí está la clave jurídica: Jerí no era un presidente electo por voto popular. Era un congresista que, por la línea de sucesión, asumió temporalmente la Presidencia. Esa condición es determinante para entender lo que vino después.
Al mantener su investidura parlamentaria, el Congreso optó por utilizar el mecanismo de censura, herramienta de control político propia del Legislativo respecto de quienes integran su estructura. Al ser censurado, perdió la Presidencia del Congreso y, por extensión, la Presidencia interina de la República.
No se trató de una vacancia presidencial tradicional. Fue una reconfiguración política interna del Parlamento con efectos directos sobre el Ejecutivo.
Las razones que impulsaron la censura
Las bancadas que impulsaron la medida pusieron el acento en hechos concretos: reuniones no informadas oportunamente a través del canal institucional con representantes empresariales chinos en medio de negociaciones sensibles; cuestionamientos por presuntas coordinaciones políticas sostenidas en espacios informales -incluidos encuentros en restaurantes y “chifas” que fueron interpretados como instancias paralelas de toma de decisiones-; y observaciones a procesos de contratación y designaciones administrativas realizados durante su interinato, considerados poco transparentes o políticamente direccionados.
A ello se sumó la percepción de que no estableció una hoja de ruta clara ni generó garantías suficientes de neutralidad institucional mientras ejercía simultáneamente la Presidencia del Congreso y la Presidencia encargada de la República.
En síntesis, la censura respondió a una combinación de sospechas sobre estándares de probidad, manejo político de influencias externas y pérdida de confianza parlamentaria.
¿Qué ocurre ahora?
Con la Presidencia nuevamente vacante, el Congreso debe elegir una nueva Mesa Directiva. Las bancadas presentan listas y el pleno vota para designar a quien presidirá el Parlamento.
El congresista que resulte elegido como presidente del Congreso asumirá automáticamente la Presidencia interina de la República, conforme al orden de sucesión constitucional.
Ese presidente encargado ejercerá funciones hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que asumirá el presidente electo en las elecciones generales del 12 de abril del año en curso. El calendario es inequívoco: abril es la elección; julio es la asunción.
La diferencia entre censura y vacancia
Conviene subrayar la distinción:
Vacancia por incapacidad moral permanente: mecanismo aplicable a un presidente elegido por sufragio universal. Requiere un umbral calificado y pone término al mandato presidencial.
Censura: instrumento de control político del Congreso respecto de autoridades que mantienen su condición parlamentaria. En el caso de Jerí, al no haber sido elegido presidente por voto directo, el Congreso actuó mediante censura y no mediante vacancia.
Esta precisión no es semántica; es estructural. Define el tipo de legitimidad en juego y el estándar de mayoría requerido.
Un patrón de fragilidad institucional
La remoción de Jerí confirma una tendencia: la centralidad del Congreso como actor determinante en la continuidad o interrupción de gobiernos.
La recurrencia de vacancias, renuncias y censuras ha convertido la sucesión presidencial en un fenómeno reiterado en la última década, tensionando la estabilidad del sistema político.
El resultado es una institucionalidad formalmente constitucional, pero políticamente volátil, donde el Legislativo ejerce un poder de redefinición del Ejecutivo con alta frecuencia, mientras millones de peruanos miran con hastío y desidia lo que sucede en la arena política.
Implicancias para Chile
Para Chile, este escenario exige comprensión fina de la arquitectura política peruana. Aprender a leer a Perú, sin ansiedad ni apresuramientos, es sustantivo para construir una agenda que logre avanzar a pesar de la turbulencia.
La rotación constante en la jefatura del Estado afecta la continuidad de agendas bilaterales en comercio, inversión, integración fronteriza, seguridad y gestión migratoria.
En este contexto, vale rescatar un punto analítico que no siempre se expresa en las interpretaciones superficiales de la relación bilateral, pero que es clave para quienes interactúan con Perú de manera estratégica: la forma importa tanto como el fondo, y el ritmo institucional peruano opera con lógicas relacionales propias, distintas de las lógicas más transaccionales que predominan en Santiago.
Como he argumentado en columnas anteriores, en Perú las cosas no se imponen; se construyen con paciencia, códigos políticos, tiempos más largos y una lógica relacional que antecede al acuerdo mismo. No se trata solo de vocabulario o semántica: es una diferencia estructural de cómo se procesa política y diplomáticamente cada asunto entre ambos países.
Un ejemplo paradigmático reciente fue la interpretación precipitada del llamado “portazo” peruano a la idea de un corredor humanitario. En Lima no fue un rechazo definitivo al contenido del problema, sino una señal de cautela política -entendible en un país donde la migración irregular es un tema altamente sensible- que requiere ser reencuadrada con un lenguaje técnico y gradual más que con etiquetas de confrontación.
Este tipo de lecturas exige interlocutores que no solo conozcan las reglas formales del diálogo diplomático, sino que entiendan y anticipen cómo opera realmente la política peruana, sus códigos, y sus procesos de toma de decisiones.
La relación con Perú -hoy y mañana- debe gestionarse con esa sensibilidad estratégica. La institucionalidad peruana puede ser dinámica y a veces turbulenta, pero también revela una lógica propia que, cuando se comprende y respeta, abre posibilidades para una cooperación más madura, menos reactiva y consistentemente más efectiva.
