El negocio detrás de las llamas: la burocracia en Viña del Mar sí se antepuso a la vida

El incendio no solo dejó damnificados. También dejó beneficiados. Personas que, al alero del caos, la urgencia y la ineficiencia del Estado, se enriquecieron, protegidos por redes de poder que cierran filas antes que asumir responsabilidades. Lo ocurrido tras el incendio en Viña del Mar no es solo una tragedia: es el reflejo de una administración que falló antes, durante y después de la emergencia.

La alcaldesa Macarena Ripamonti -al responder el informe de Contraloría- pretende instalar una narrativa de reacción oportuna, llegando incluso a afirmar: “¿Te imaginas yo hubiese esperado 16 días para entregarle agua o una carpa a una persona?”. La respuesta es que sí lo imagino, porque eso justamente fue lo que ocurrió. No es una discusión de percepciones, sino de hechos.

Las largas filas de damnificados, frustrados y humillados, a quienes se les negó ayuda básica por no poder acreditar su condición de damnificados, desmienten cualquier intento de reconstruir la historia. Familias completas quedaron sin frazadas, sin agua y sin apoyo, atrapadas en la selectiva burocracia aplicada por el municipio ante vecinos que suplicaban ayuda. Contrariamente a lo que ahora señala la alcaldesa, que priorizaron la vida sobre la burocracia: eso no fue lo que ocurrió, y cualquiera que estuvo ahí lo sabe.

En efecto, no es casual que haya sido necesaria la intervención de la Fundación Fuerza Ciudadana —organización que surge precisamente a raíz de este incendio, como respuesta a la indolencia de quienes hoy detentan el poder— accionando en favor de 52 familias damnificadas, con un recurso de protección que se logró un resultado que benefició a cientos de personas que habían sido excluidas del acceso a la denominada Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento clave para obtener alguna ayuda municipal o estatal.

No resulta aceptable que se hayan demolido viviendas que no presentaban daño estructural, sin ningún respaldo técnico, tal como también oportunamente lo denunciamos. Estas decisiones, lejos de responder a criterios objetivos, evidencian una gestión arbitraria. Y, que ahora se sabe el real motivo: se pagó más de 7 millones por casa demolida.

Vemos hoy, tras el contundente informe de Contraloría, que hubo negocio, no solo económico sino también político, obteniendo cuantiosos beneficios detrás de la tragedia que dejaron las llamas en Viña del Mar, lo que esconde la tan bullada y el escalofriante espectáculo que gracias al fuego llegaron al poder y gracias al fuego se están haciendo ricos. Lo que lejos de sorprendernos, parece un modus operandi.

Lo más grave es que esto fue evitable. El Estado contaba con herramientas para actuar con rapidez, sin necesidad de nueva Ley, sino cumpliendo la actual, lo que no hizo. El decreto de catástrofe permitía redestinar recursos, romper inercias administrativas y priorizar a los damnificados.

Sin embargo, esa decisión nunca se tomó: Mientras miles de personas dormían a la intemperie, el municipio destinaba más de 3.500 millones de pesos a la remodelación de la calle Valparaíso —para dejarla prácticamente igual—, 454 millones al Palacio Carrasco y otros recursos a proyectos que, en medio de una emergencia humanitaria, simplemente no son prioridad y demuestran su falta de humanidad.

Y antes del incendio, la historia tampoco es mejor. Hubo advertencias. Se identificaron puntos críticos que requerían limpieza y mantención para evitar la tragedia. No se actuó, no se hizo nada, solo reuniones burocráticas inertes que contradicen las palabras de la alcaldesa. La prevención fue ignorada, el resultado devastador y el negocio millonario.

Cuando se exigieron explicaciones, la respuesta fue aún más preocupante: se intentó responsabilizar a la Contraloría, a la legalidad, a la “imposibilidad” de actuar, de lo cual fui testigo y contraparte del municipio -a favor de los damnificados-. Sin embargo, se demostró con el recurso de protección que interpusimos a favor de los “Sin Fibe”, que no estábamos frente a un problema legal, sino de gestión, de decisión política, de falta de voluntad.

Los dichos de la alcaldesa advierten que el problema es peor que la ineficiencia municipal. Es negación. Un intento de reescribir los hechos, de instalar una versión que no resiste el contraste con la realidad.

La ciudadanía no es el concejo municipal. No es un espacio donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias. La ciudadanía recuerda, observa y evalúa. Y lo que ocurrió en Viña del Mar evidencia que: cuando quienes están en el Estado fallan, no todos pierden. Algunos ganan y mucho. Y ese es el verdadero negocio detrás de las llamas.

Raimundo Palamara Stewart
Abogado
Pdte. Fundación Fuerza Ciudadana