El informe de la OCDE “Competencias para el crecimiento sostenible y la movilidad social en América Latina” proporciona un marco cuantitativo para evaluar la relación entre la adquisición de competencias y la persistencia de la desigualdad estructural.
En el caso de Chile, los datos revelan una divergencia entre la significativa expansión de la cobertura en educación superior y la consolidación de competencias básicas efectivas, factor que plantea desafíos para la movilidad social ascendente y la productividad.
Uno de los indicadores más significativos para Chile es la brecha en el procesamiento de información. Según los resultados del programa PIAAC, el país presenta una distancia de 77 puntos en competencias de lectura entre adultos con educación terciaria y aquellos que no completaron la enseñanza media.
Este diferencial supera el promedio de la OCDE (61 puntos), lo que sugiere que el sistema formativo enfrenta dificultades para compensar íntegramente las disparidades de origen durante el ciclo educativo.
Al analizar a la población con educación superior, Chile muestra un rendimiento que se sitúa por debajo del promedio de las economías avanzadas.
Este fenómeno indica que, si bien la masificación del acceso ha sido exitosa, persiste el desafío de homologar los resultados de aprendizaje con los estándares internacionales más exigentes. Esta brecha de competencias transversales impacta en el mercado laboral, generando una asimetría entre las credenciales académicas obtenidas y los requerimientos técnicos de los sectores productivos de alta complejidad.
El informe también destaca que, en nuestro país, el entorno socioeconómico de los padres continúa siendo un factor con alta incidencia en el nivel de habilidades alcanzado en la edad adulta.
Esta correlación entre origen y desempeño técnico es una de las barreras más persistentes para la movilidad social. Los datos indican que la trayectoria de desarrollo de competencias está fuertemente influenciada por el capital cultural del hogar de origen, lo que limita la capacidad del sistema para actuar como un ecualizador de oportunidades, a pesar del incremento en los años de escolaridad promedio de la población.
Los nuevos desafíos producto del desarrollo de nuevas tecnologías, la irrupción de la inteligencia artificial y un mundo cada vez más polarizado requieren de una formación que no solo se adapte a los nuevos tiempos, sino que anticipe sus efectos sociales.
No se trata únicamente de flexibilidad curricular o de actualización técnica, sino de comprender que la tecnología nunca es neutra.
El reporte advierte que los actuales niveles de habilidades se asocian a la persistencia de la informalidad laboral y a los rezagos en productividad total de factores; pero el problema es aún más profundo: si la inteligencia artificial y la digitalización no se integran con criterios de equidad en los procesos formativos, terminarán ampliando las brechas que prometían cerrar.
La desigualdad no se expresa solo en el ingreso, sino también en la posibilidad real de participar del nuevo paradigma productivo. Mujeres subrepresentadas en áreas STEM, adultos mayores con barreras de reconversión digital y sectores históricamente marginados del capital cultural tecnológico corren el riesgo de quedar doblemente excluidos del presente laboral y del futuro económico.
Para Chile, en el contexto de la transición hacia una economía digital, la actualización de competencias y la adecuación de la fuerza laboral a las nuevas demandas tecnológicas no son solo estratégicas; son una decisión política sobre el tipo de sociedad que queremos construir: una donde la tecnología democratice oportunidades, o una donde consolide privilegios.
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