Una ley desbocada en busca de perímetro

Marzo arrancará con un nuevo gobierno que dispone de solo cuatro años, sin reelección ni mayoría en el Congreso. Ante ese escenario la tentación es concentrar los esfuerzos en la gestión: personas de excelencia, implementación de tecnología, reformas por vía administrativa.

Aunque es mucho lo que puede lograrse transitando por la avenida de la gestión, existe un techo. Marcos regulatorios e institucionales con crecientes grados de disfuncionalidad limitan cuán lejos se puede avanzar.

Para alcanzar el potencial hoy subaprovechado vamos a necesitar además de una serie de reformas impostergables que sobrepasan la esfera de la gestión. Una de esas es la racionalización de la Ley Lafkenche.

Ley Lafkenche

En 2005 el gobierno del presidente Lagos envió al Congreso un mensaje cuyo espíritu original era reconocer el uso ribereño consuetudinario por parte de comunidades indígenas, mediante la cesión de espacios costeros marinos.

La iniciativa estaba diseñada para asignar espacios pequeños a agrupaciones de algueros, mariscadores u otros grupos de baja escala. En ese entendido lo impulsó la primera administración de la presidenta Bachelet y en 2007 lo aprobó el Congreso.

El diseño, sin embargo, adolece de serias deficiencias. La ley no establece límite al tamaño del espacio a solicitar, ni un examen de admisibilidad riguroso que permita verificar el efectivo uso consuetudinario.

La sola solicitud, una vez admitida a tramitación, genera un efecto suspensivo hasta la resolución sin límite temporal alguna y los criterios para dar por verificado el uso consuetudinario indígena son extremadamente laxos.

En consecuencia, lo que se presentó como un beneficio razonable y bien inspirado para comunidades costeras en su entorno inmediato ha sido sujeto de abusos a gran escala.

A fines de 2024 había 34 espacios entregados sobre una superficie de 222 mil hectáreas y 109 solicitudes pendientes por 3,8 millones de hectáreas.

De usos ancestrales locales pasamos a una superficie del tamaño de Dinamarca. Tal envergadura subvierte el propio nombre de la ley sobre espacios marinos costeros. Este exceso ha configurado una enorme traba a la actividad económica del sur.

Está muy bien estrujar cuanto se pueda las oportunidades de la gestión, pero una vez tocado techo toca graduarse a fase 2. Llegado ese momento, la reforma a la Ley Lafkenche es una de las imprescindibles.

A fin de cuentas, la estrategia para enfrentar la emergencia económica debe necesariamente incluir dos componentes en la ecuación: gestionar y reformar.