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Con la consagración de este nuevo organismo, hemos reafirmado que la justicia, la seguridad y la paz social son bienes públicos que debemos proteger de manera conjunta.
Este septiembre hemos dado un paso decisivo en el combate contra el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, al promulgar la Ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los Fiscales y de las Fiscalías Regionales.
Esta iniciativa es la reforma más trascendental que ha tenido el Ministerio Público desde su creación y se ha logrado porque fue impulsada como una política de Estado, como resaltó el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la ceremonia que celebró el fin de su tramitación.
Una respuesta institucional de gran magnitud
Con la Fiscalía Supraterritorial se abre una nueva etapa en la forma en que Chile enfrenta fenómenos criminales que, por su naturaleza, ya no pueden ser abordados con las herramientas tradicionales. Porque para este objetivo es necesario generar instrumentos especializados y técnicos desde distintas instancias institucionales. Estamos fortaleciendo las policías, el sistema penitenciario y la investigación y persecución penal, con normativa, pero también con acciones.
Como sabemos, el crimen organizado es un desafío que traspasa límites geográficos y jurídicos. Se trata de estructuras criminales flexibles, dinámicas, que operan con recursos económicos, tecnológicos y humanos de gran envergadura. Estas organizaciones no reconocen fronteras regionales ni nacionales, y se insertan en redes globales de narcotráfico, tráfico de armas, delitos informáticos, lavado de activos y corrupción transnacional.
El país necesitaba, por tanto, una respuesta institucional de igual magnitud: una Fiscalía Supraterritorial, con atribuciones específicas, con capacidad de coordinación nacional, con fiscales y equipos altamente especializados, y con una perspectiva estratégica que permita enfrentar a las nuevas formas de criminalidad.
Pilares de la nueva institucionalidad
La ley que hoy promulgamos cumple con el mandato que nos trazó la reforma constitucional aprobada en 2024, y lo hace de manera integral.
No solo incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, sino que también adecua cuerpos legales relevantes, como el Código Procesal Penal y las leyes de probidad, de lobby, de incentivos y de protección a víctimas. Con ello, se fortalece no solo una institución, sino el Sistema de Justicia en su conjunto.
Entre los elementos centrales de esta nueva institucionalidad, destacamos, en primer lugar, el fortalecimiento del rol del Fiscal Nacional, que podrá definir los criterios de especialización y desempeño de los equipos de la Fiscalía Supraterritorial, asegurando que esta instancia cuente con profesionales preparados para un desafío de la máxima exigencia.
En segundo lugar, la creación del nuevo Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, que reemplaza al modelo anterior de focos investigativos y que le da a la Fiscalía Supraterritorial un soporte técnico y territorial indispensable. La inteligencia criminal y el análisis estratégico serán, de ahora en adelante, una base sólida para orientar la persecución penal.
En tercer lugar, se reconoce la necesidad de dotar al Estado de capacidad para investigar delitos cometidos incluso fuera de nuestras fronteras, cuando la Justicia chilena sea competente. Ello muestra que la Fiscalía Supraterritorial no es solo una respuesta a un problema interno, sino una herramienta para enfrentar un fenómeno global, donde la cooperación internacional resulta clave.
Compromiso de recursos y visión de Estado
La implementación de esta Fiscalía supone también un esfuerzo en materia de recursos humanos y financieros. La ley contempla la creación gradual de 98 nuevos cargos en el Ministerio Público, con una inversión estatal significativa. Es una decisión responsable, porque la seguridad no puede descansar en diagnósticos sin respaldo institucional: requiere compromisos concretos, sostenidos y evaluables en el tiempo.
Con la consagración de este nuevo organismo, hemos reafirmado que la justicia, la seguridad y la paz social son bienes públicos que debemos proteger de manera conjunta. Y hemos resaltado que la única vía legítima para enfrentar la criminalidad es a través del fortalecimiento de nuestras instituciones, de la cooperación entre ellas y de la confianza en la democracia y el Estado de Derecho.
