Cierre del Sename: Lecciones de una crisis para evitar caer en los errores del pasado

El término del Servicio Nacional de Menores es la conclusión de una etapa institucional que implicó un nuevo diseño para dar respuesta a una crisis multifactorial. Esta respuesta ha implicado la estructuración de una nueva institucionalidad, que se proyectó en la separación de la oferta programática en el área de protección, al crear el nuevo Servicio Especializado de la Niñez, y por otro lado, la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Un ejercicio de memoria histórica

Dar paso a una nueva institucionalidad también implica hacer un ejercicio de memoria histórica. El año 2017 la PDI elaboró un informe lapidario, en el cual se investigó a 240 residencias de protección. En el 100% de los centros de administración directa (CREAD) de Sename y en el 88% de las residencias gestionadas por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.

Los casos de apremios ilegítimos cometidos en Centros Residenciales de Administración Directa de SENAME, como CREAD de Playa Ancha, y de Justicia Juvenil como el caso del CIP CRC de Graneros, son muestra de una incómoda realidad.

Algunas asociaciones de funcionarios de SENAME instalaron prácticas abusivas a la hora de generar mejores condiciones de negociación, a través de paros que implicaban impedir que los niños, niñas y adolescentes recibiesen sus medicamentos o accediesen a las capacitaciones o talleres que debían recibir. Esto tenía un solo fin. Lograr caos al interior de los Centros, donde muchos niños con prescripciones médicas se descompensaban, generando así desconcierto, daño innecesario, y presionando indebidamente a las autoridades y jefaturas para dejar sin efecto sumarios administrativos debido a maltratos generados en Centros de Administración Directa, o incluso obtener mejores grados.

No se trataba de todos los centros, no se trataba de todos los dirigentes, no se trataba de todos los que trabajaron en lo que fue SENAME. Porque la mayoría de los funcionarios día a día demostraban, y creo que aún demuestran, dedicación.

Sin embargo, SENAME estuvo expuesto a paralizaciones, como por ejemplo un mes y medio de paro en el CREAD de Playa Ancha, donde la única demanda de los dirigentes era destituir al en ese entonces Director Regional Esteban Elortegui, debido a su persistente lucha por sancionar a aquellos que estaban maltratando niños, buscando protegerse con presiones ilegítimas bajo el alero de estas organizaciones.

Finalmente, cerca del 20%, de los funcionarios de ese centro fueron destituidos por su responsabilidad en maltrato físico y psicológico de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo cuidado estatal, todo eso en el contexto de presiones indebidas a los funcionarios públicos que estaban instruyendo los sumarios administrativos; los que se resistían quedaban expuestos a actos de intimidación como lanzar hasta palomas muertas en el parabrisas de los vehículos.

Fue lamentable como en el pasado algunos dirigentes gremiales mal entendieron la defensa del funcionario público, con proteger y amparar prácticas abusivas, comisión de delitos como retardo o negativa en la protección Art 256, o derechamente interferir en investigaciones con figuras penales como la del artículo 257 sólo eran muestra de un fenómeno.

En el contexto de una sesión del Consejo de la Sociedad Civil de SENAME en el año 2023, se llegó a constatar cerca de 406 sumarios a funcionarios públicos, 65 de ellos de connotación grave como por ejemplo maltrato y agresión, drogas, acoso sexual y hostigamiento, negligencia, faltas a la probidad. Donde los tres gremios más grandes AFUSE, ANFUR, y ANTRASE ejercían una presión sistémica, porque controlando la estructura burocrática interna se lograba controlar el día a día de la institución. Porque, por ejemplo, las cámaras de seguridad en la Casa Nacional del Niño no se destruyeron por un acto paranormal…

Crisis organizacional, estructural e interinstitucional

La crisis del SENAME fue organizacional, estructural e interinstitucional.

Parte de la crisis organizacional de SENAME estuvo vinculada a los procesos de trabajo, en un modelo de gestión de personas que estaba obsoleto, condicionado con la captura institucional de ciertos grupos gremiales que se oponían persistentemente a los cambios. Por ejemplo, el cambio cultural que implicaba hacer abandono de prácticas abusivas, dejando de naturalizar el maltrato.

Aún recuerdo un paro cuando se trató de eliminar las horas extraordinarias ilimitadas; o el silencio ante la indolencia, el hacer las cosas sólo por cumplir, o incluso paralizar el servicio para sacar más votos en una elección gremial, etc. Este tipo de resistencias no fueron meramente dificultades, estamos hablando de luchas de poder en que los “capturadores” no dudaban en recurrir a diversas prácticas a fin de expulsar a los reformadores, con acusaciones de todo tipo, muchas veces utilizando el sumario como mecanismo de presión. No importaba cómo, el fin justificaba los medios.

La captura institucional implica que ciertos grupos de interés se apropian de una institución a través de mecanismos y conductas informales, para su propio beneficio. Fenómeno que se hace complejo al existir colusión de intereses, con situaciones grises de corrupción al propiciar la contratación de parientes o amigos, o por ejemplo abusar de las horas extras.

Marcur Olson, economista y sociólogo estadounidense, advirtió sobre cómo los grupos de interés pueden movilizar recursos para presionar al Estado. Olson acuñó el término esclerosis organizacional porque estos grupos también inciden en una rigidez y disfunción en la burocracia.

En algún momento existió la percepción simplista de que los problemas eran de naturaleza binaria, es decir, mala gestión o buena gestión; sin comprender que la niñez y la adolescencia en Chile son un desafío que tiene complejidades multisistémicas, donde no siempre coinciden los tiempos políticos con los tiempos organizacionales.

Las instituciones de protección y justicia juvenil tratan con personas, con niños, niñas y adolescentes que son ingresados al sistema institucional en virtud de una resolución judicial, para posteriormente quedar a cargo en cadena de custodia por parte de un adulto que debe protegerlo. Esto implica una gran responsabilidad.

Por ello resulta necesario para evitar los males del antiguo sistema, garantizar la eficiencia del Estado a la hora de investigar faltas al estatuto administrativo, más aún cuando se cuenta con una oscura historia que le precede.

La nueva institucionalidad debe garantizar la probidad, transparencia, legalidad, derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva, proporcionalidad.

Los hechos de corrupción de Gendarmería son una muestra más que evidente de un síntoma de desactivación institucional debido a la cooptación de ciertas instituciones del Estado por grupos de interés. Es por ello que se hace necesario que los sumarios administrativos sean realizados por un ente externo para este tipo de instituciones, de manera de salvaguardar los principios antes expuestos, y garantizar el trabajo de los funcionarios probos comprometidos con la misión institucional.

Este déficit institucional implica abrir la discusión y, en consecuencia, pensar en alternativas, como por ejemplo que Contraloría General de la República, realice los sumarios administrativos en instituciones de esta naturaleza, externalizar la investigación sumarial es una garantía para proteger al Estado frente al avance de la corrupción y el crimen organizado, porque garantiza imparcialidad, la cual hoy está en juego. Esta es una decisión político-técnica.

La estructura debe ser consecuencia de las funciones, asumir nuestra realidad requiere realizar cambios en la cultura burocrática de manera de evitar los errores del pasado.