"El traspaso" en Justicia y Derechos Humanos

En cumplimiento de una práctica demócrata y republicana, durante el presente mes, las diversas autoridades del gobierno del presidente Boric nos estamos reuniendo con nuestros sucesores, para entregar información acerca del estado de nuestras instituciones, en lo que coloquialmente se llama “el traspaso”.

Por primera vez, eso sí, esta administración ha resuelto preparar un completo repositorio, en una web a la que incluso toda la comunidad podrá acceder y conocer lo realizado en cada área.

En el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los ministros, en ejercicio y sucesor, tuvimos una primera reunión, en la que pudimos abordar los principales asuntos que trata el sector.

Estamos hablado de una secretaría de Estado que cuenta con dos subsecretarías (de Justicia y de Derechos Humanos) y nueve servicios dependientes o relacionados (Gendarmería de Chile, Registro Civil e Identificación, Médico Legal, Defensoría Penal Pública, Reinserción Social Juvenil y cuatro corporaciones de Asistencia Judicial) y uno en proceso de implementación (Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas), en el que se desempeñan más de 30 mil 500 personas funcionarias, que atienden anualmente a millones de usuarios, ya sea porque están encargados de su custodia o porque deben satisfacer su requerimiento de asistencia jurídica o documental.

Durante los cuatro años de gestión, podemos exhibir logros trascendentales para el país. Desde ya, han sido tramitadas y publicadas 30 leyes que nos competen, 23 de las cuales fueron lideradas por el ministerio.

Por ejemplo, en materia de seguridad pública, reformamos la Constitución para crear la Fiscalía Supraterritorial en el Ministerio Público, que estará a cargo de perseguir al crimen organizado.

En el ámbito de la modernización institucional y reforzamiento de la probidad, modificamos el sistema registral y notarial y creamos el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que significó el fin del Sename y propiciar mayores estándares para la atención de los infractores de ley.

Y, en derechos humanos, establecimos la calificación jurídica de “Ausente por Desaparición Forzada” que instruye al Servicio de Registro Civil e Identificación a desarrollar un registro unificado de las personas calificadas en tal condición y emitir certificados que la acrediten.

Nos encontramos implementando el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que también creamos legalmente, dando cuenta de un viejo anhelo de la comunidad. De manera que dejaremos iniciada una institución que reemplazará a las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial que existen en el país, con estructura nacional y descentralizada, que estará a cargo del sistema de mediación familiar e impulsar otros tipos de mecanismos de solución alternativa de conflictos y que atenderá integralmente a las víctimas de delitos violentos.

Respecto del ámbito penitenciario, impulsamos una transformación profunda de Gendarmería, para dar cuenta de su nueva realidad, como es enfrentar las diferentes caras de la criminalidad y superar los actos de corrupción que empañan la sacrificada labor institucional.

Está en desarrollo por primera vez un Plan Maestro de Infraestructura que debe ser asumido como una política pública de Estado, de manera que los proyectos no se congelen o no sean excesivamente modificados, haciendo más extensa su concreción.

Hablamos de 30.500 nuevas plazas al año 2034, sobre 15 mil de las cuales están financiadas y que deberían estar operando en este cuatrienio. Ello, independientemente del traspaso de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad, que se encuentra en trámite en estos momentos.

En el área de derechos humanos, indudablemente que debemos destacar la creación del Plan Nacional de Búsqueda, que ha significado contar digitalmente con la nómina de las 1.469 víctimas de desaparición forzada y un mapa georreferenciado de su última trayectoria conocida. Además del desarrollo de 130 diligencias judiciales y extrajudiciales solo en 2025; el catastro de más de 36 mil soportes de interés documental y la creación del Archivo Nacional de la Memoria; la entrega de 760 carpetas de calificación en formato digital y 98 en formato impreso a familiares de víctimas; y la participación del Programa de Derechos Humanos en 78 causas judiciales. Para nosotros la mantención del PBN es un compromiso ético ineludible.

El Registro Civil e Identificación puso en marcha la nueva cédula de identidad y el nuevo pasaporte, que contempla medidas de seguridad más estrictas y acorde con las exigencias internacionales. A enero último (desde el 17 de diciembre de 2024), se ha solicitado un total de 3.843.022 cédulas por parte de nacionales más 563.649 cédulas por parte de extranjeros. Asimismo, se ha solicitado 443.740 pasaportes.

El Servicio Médico Legal, a su vez, llevó adelante un Plan Estratégico, destinado a la modernización de la gestión, la estandarización de procesos, la formación del recurso humano, la reducción de brechas periciales y el fortalecimiento de la red forense a nivel nacional.

En este marco, se construyó su nueva casa nacional. Se trata de un complejo de 6 edificios, de 24.700 m2, que no solo responde a necesidades operativas, sino que encarna el propósito de reunir a los equipos periciales y administrativos en un solo lugar, dignificar su labor y ofrecer a la ciudadanía un espacio más moderno, accesible y seguro para el ejercicio de sus derechos.

Si consideramos que lo anterior son solo ejemplos del enorme trabajo realizado, podemos decir que nuestros equipos han trabajado intensamente durante estos casi cuatro años y en este último mes seguiremos avanzando con otras iniciativas en desarrollo, porque lo trascendental, como compromiso de todo el sector, es acercar la justicia a la gente.