Una de las principales urgencias que deberá asumir el próximo gobierno es recuperar el control efectivo de las fronteras del país, en particular en la zona norte, donde el ingreso ilegal de migrantes se ha transformado en una crisis humanitaria, social y de seguridad.

No se trata solo de estadísticas ni de discursos: se trata de la vida cotidiana de las comunidades que habitan en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que hoy cargan con el peso de un fenómeno que el Estado no ha sabido manejar.

El ingreso masivo e irregular de extranjeros ha abierto la puerta al fortalecimiento del crimen organizado, al tráfico de drogas, a la trata de personas y al contrabando de vehículos, combustibles y mercancías. Este flujo, que se mantiene constante y sin control suficiente, ha terminado por consolidar un verdadero pasadizo para las bandas criminales internacionales que operan en nuestras fronteras, generando un daño profundo en la seguridad pública y en la convivencia social.

Las regiones del norte somos las primeras en sentir el impacto: aumento de la delincuencia, sobrecarga en los servicios de salud, educación y vivienda, y un deterioro de la confianza ciudadana hacia el Estado, que se percibe ausente o incapaz de actuar. Cuando el Estado no ejerce soberanía en sus límites territoriales, lo hacen otros: organizaciones criminales que sí saben cómo aprovechar el vacío de autoridad.

Control de fronteras: una prioridad nacional

Por eso, es indispensable que el próximo gobierno asuma con claridad que esta es una prioridad nacional. No basta con discursos de buena voluntad ni con medidas parciales; se requiere un plan integral que combine más recursos para las Fuerzas Armadas y de Orden en la frontera, tecnologías de vigilancia modernas, infraestructura adecuada en pasos habilitados y un marco legal más estricto que permita enfrentar de manera efectiva la migración irregular.

Asimismo, se deben evaluar medidas más audaces y firmes para proteger a nuestras comunidades. Entre ellas, volver a minar las zonas de mayor flujo de inmigrantes irregulares podría convertirse en un elemento de disuasión real frente a quienes intentan vulnerar nuestras fronteras de manera clandestina. No se trata de decisiones fáciles, pero sí de acciones necesarias cuando está en juego la seguridad nacional.

Chile no puede seguir actuando con tibieza frente a un fenómeno que erosiona nuestra institucionalidad y pone en riesgo la paz social. Cerrar el paso al crimen organizado y al contrabando parte por cerrar de verdad la frontera a quienes intentan ingresar de manera ilegal.

La ciudadanía del norte lo exige, porque lo vive a diario. Y el país en su conjunto debe comprender que si no recuperamos la frontera, no habrá seguridad, ni desarrollo, ni tranquilidad posible. Es hora de que el Estado se haga presente, con decisión y sin ambigüedades. Esa es la tarea impostergable del próximo gobierno.