Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Yeimar, dueña de la peluquería KazualStylo en Antofagasta, registraba $781 millones en sus cuentas bancarias, pero sus ganancias legales no cuadraban. Descubrieron que Yeimar formaba parte de una red de trata de personas liderada por cuatro clanes familiares que movieron $3.500 millones en cuatro años y explotaron a jóvenes en locales de explotación sexual. La policía rescató a 18 víctimas. En la Corte, las defensas alegaron que las víctimas trabajaban voluntariamente y tenían condiciones de vida adecuadas, pero la justicia confirmó las prisiones preventivas de los implicados.
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Oculta en el centro de Antofagasta —en casas o tras fachadas de peluquería, café u hotel— funcionaba una red criminal que explotó sexualmente a decenas de víctimas extranjeras. En sus relatos, las jóvenes acusaron engaños y amenazas de muerte contra sus familias. Una de ellas llegó a Chile cuando era menor de edad: narró cómo su virginidad había sido vendida por 2 millones de pesos por su captora, quien luego la explotó en prostíbulos de la organización. En tan sólo cuatro años, los clanes movieron 3.500 millones de pesos, de acuerdo al Ministerio Público.
Para ser dueña de una peluquería, las ganancias de Yeimar no cuadraban. Cierto que KazualStylo estaba a pasos de la Plaza de Armas de Antofagasta, que contaba con una estación para maquillaje, tres puestos para cortar cabello y un privado para pestañas —incluso con una tienda de ropa juvenil al fondo, poleras, pantalones y gorros para vestir a los clientes—. Pero a pesar del éxito del negocio, los $781 millones que la arrendataria de Condell 2833 registraba en sus cuentas bancarias no podían ser sólo por servicios de belleza.
Venezolana y madre de dos hijos, Yeimar Gabriela Ereu Ramos había llegado a la ciudad en 2021. Ese mismo año, abrió un primer negocio, Gaby Pestañas, con el que deambuló por distintas ubicaciones.
Si bien los datos entregados a Impuestos Internos mostraban ganancias exiguas o incluso pérdidas, sus redes sociales exhibían una vida de lujo, autos caros y vacaciones en el extranjero.
Y, aunque suene paradójico, parte de la explicación estaba en la peluquería. O, al menos, unos metros más arriba. Porque mientras la planta baja estaba equipada para recortar barbas y embellecer pestañas, el segundo piso entregaba los réditos de la explotación sexual de mujeres.
Para el Ministerio Público, Yeimar era pieza clave de una red dedicada principalmente a la trata de personas. En total, eran cuatro clanes familiares, entre ellos el encabezado por “Gaby”, que conformaban la asociación. Todos liderados por mujeres, operaron al menos seis locales en la ciudad nortina, movieron $3.500 millones en cuatro años y sometieron a decenas de jóvenes a la llamada “esclavitud del siglo XXI”.
Los nombres de las víctimas mencionadas en este artículo fueron cambiados para proteger su identidad.
Cuando la PDI irrumpió en los seis locales que estaban regidos por la organización, las víctimas comenzaron a aparecer una por una. 18 en total. Ocurrió el 14 de agosto recién pasado. En sus testimonios —a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— se repiten los modus operandi empleados para someterlas: desde cobros excesivos por usar una cocina, hasta amenazas de muerte a familiares en el extranjero.
Según consta en el expediente judicial, de los seis inmuebles allanados, la mitad pertenecía al clan Grillo-Ubillo, liderado por Luz Miriam Grillo Enao, más conocida como Dayana.
Ella recibía personalmente a los clientes y les presentaba a las mujeres en su antro de Eduardo Orchard 1226, según pudieron comprobar agentes encubiertos de la PDI. Además, manejaba el Café Dayana, en el subterráneo del Centro Comercial Caracol de Prat, y un recinto de calle Adamson 3531, llamado la Casa Rosada.
Una de las víctimas que estuvo allí contó a la policía que clientes la amenazaron dos veces con armas de fuego: una por no querer consumir pasta base, la otra por no querer hacer un trío.
—Esta chica la captaron cuando tenía entre 16 y 17 años —contó la fiscal Claudia Vega en la audiencia de formalización—. Ella asegura que vivían todas bajo amenazas. Debían estar activas las 24 horas.
Al igual que otras líderes, Dayana aplicaba a las víctimas “multas” —deudas por el costo del viaje, cuyo monto en realidad los tratantes fijan a su antojo—. En su caso, les hacía pagar $5 millones por el traslado desde sus países.
La fiscalía también llegó a la conclusión de que Dayana explotó en uno de sus prostíbulos a una venezolana embarazada, quien probablemente era menor de edad. En su ficha de atención en el Hospital Regional de Antofagasta aparecía con 19 años. Sin embargo, el nombre que entregó no coincidía con ningún registro. Ni en Venezuela ni en Chile.
La financista
Fue precisamente a través de una interceptación telefónica a Dayana que se descubrió la participación de Yeimar. En esa conversación, la dueña de la Casa Rosada le pidió $8 millones para abrir un nuevo prostíbulo.
Yeimar —exponen documentos judiciales— hacía de financista, mediante préstamos informales con intereses de usura. De acuerdo con lo que se pudo obtener de las llamadas, los cobros estaban a cargo de una red de colaboradores que ella llamaba “los niños”.
Los registros también muestran una participación activa de Ángel García Caicedo, esposo de Yeimar desde 2021. El hombre era representante legal de la empresa fachada que tenía domicilio en la peluquería y participaba en la administración de la red de préstamos.
KazualStylo | Edición Constanza Escobar (BBCL)
El dinero transitaba entre los distintos clanes: además de la Casa Rosada, Yeimar también financió la apertura de un local regido por Rocío Jaimes Guerrero. Apodada Luna y líder del clan homónimo —según la fiscalía— registraba operaciones en un establecimiento de Esmeralda 2888.
Lo propio ocurría con las víctimas: varias de ellas pasaron de una familia a otra. Uno de los testimonios difíciles de olvidar es el de Alexandra, leído por la fiscal Vega ante el Juzgado de Garantía.
Virginidad vendida
Alexandra era menor de edad y virgen cuando llegó desde Venezuela. Esas dos características la hacían especial. No porque la mujer que la tenía cautiva la considerara más frágil o digna de ser cuidada, sino porque —a ojos de ella— había que esperar al mejor postor.
Según contó la víctima en su declaración policial, había sido engañada por una compañera que viajó con ella: no le advirtió que al llegar a Antofagasta debía dedicarse a la prostitución. Fue la mujer que las recibió quien le dio la noticia.
—Ella sacó a las otras y me explicó que mi trabajo era acostarme con hombres a cambio de dinero, que tenía que hacerlo para pagarle los 6 millones de pesos por todo lo que implicó mi traslado —narró.
Alexandra, su compañera y otras dos jóvenes que conocieron en el viaje permanecieron los primeros días en casa de la mujer. Durante una de esas jornadas, las encerraron y les preguntaron si alguna no había tenido relaciones sexuales. Ella era la única.
La mujer llamó a otra para que la examinara. Cuando terminó, su captora le dijo que sería “más codiciada” por ser virgen y menor de edad. Por eso, la dejaron en un prostíbulo en avenida Argentina, pero con la instrucción de aún no comenzar a trabajar.
—Pasados unos días, la mujer me pregunta si es que estaba lista. Le respondí que quería salir rápido de la deuda. Entonces, me dice que debía atender a un cliente moreno, alto, de nacionalidad haitiana.
A la mañana siguiente apareció el hombre:
—Antes de todo, le comenté que yo era nueva en esto y que no sabía nada. Él dijo que estaba al tanto. Posteriormente, ella me comentó que el sujeto haitiano había pagado por mí 2 millones de pesos.
Una compañera asesinada
El testimonio de Alexandra es clave para la fiscalía. En total, dijo haber pasado por al menos cuatro locales. Dos de ellos, pertenecían a esta red criminal. Fue el hijo de su captora el que la llevó por diferentes casas dedicadas al delito.
En el centro de Antofagasta y en sus principales avenidas, por las noches se ven grupos de mujeres acompañadas por uno o dos hombres, iluminados tenuemente por las luces de los establecimientos. Simultáneamente, en esas mismas calles, otros clientes tocan los timbres guiados por direcciones que encuentran en internet.
De este último tipo eran los tugurios en que estuvo Alexandra. Entre ellos, se encuentran la Casa Rosada, donde aseguró que conversó con otras menores que estaban “multadas”, y uno perteneciente al clan Luna. El par restante corresponde a residencias de avenida Argentina, una de las arterias más importantes de la ciudad.
Según contó, en uno de estos últimos establecimientos, una noche, una muchacha venezolana, que le decían la Niña, entró a su habitación.
—Me dijo que se quería arrancar. Que no tenía el dinero para pagar la multa, que aun así quería irse. Esa misma noche, la Niña se fue como me lo había comentado y a mí trasladaron a otra casa.
Se trataba de un local de calle Riquelme —junto a la avenida Argentina y a cinco cuadras de la plaza—, donde operaba por entonces el Clan Luna, de acuerdo con fiscalía.
—Un día me despertaron unos mensajes que me habían llegado al teléfono que me habían entregado para trabajar, en donde se veía la mujer que le decían la Niña siendo asesinada en un lugar desértico —aseveró Alexandra.
Todo fue una amenaza para advertirle a ella y sus compañeras lo que pasaría si intentaban fugarse.
Minero paga la deuda
Alexandra no fue asesinada, pero —al igual que su virginidad— fue transada por sus captores. Un minero de 40 años se ofreció a librarla de su multa.
—Este señor se ofreció a pagarme lo que me faltaba. Yo acepté de inmediato. No quería que me siguieran amenazando con hacerme daño o a mi familia en Venezuela.
Él le pidió dos días. Cuando bajó de la mina, se reunió con el hijo de su captora y saldó la deuda.
—En su casa yo le ayudaba cocinando y cobrando la venta de las mascarillas que vendía a los comerciantes ambulantes de la ciudad.
Todo terminó cuando Alexandra escapó tras descubrir que el minero seguía conversando con sus captores. A su parecer, él estaba muy interesado en el negocio de la prostitución. Y, por consecuencia, en la explotación sexual de mujeres.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha identificado a la mujer y a su hijo. Tampoco existen más antecedentes sobre el asesinato de la Niña.
La mujer de los $1.353 millones
A pesar de los elevados ingresos que le suministraban sus actividades ilegales, Yeimar no fue la que más dinero recibió en sus cuentas. De entre todos los clanes, la que lidera en abonos es Luz Estela Guerrero, también conocida como Katy.
La líder del clan Guerrero-Bello tuvo ingresos por más de $1.353 millones en cuatro años. El grupo manejaba la Residencia Para Amanecer, en calle Eleuterio Ramírez. Un hotel cuyo registro de pasajeros era, en realidad, un listado de víctimas.
De forma similar a otros locales, las jóvenes mencionaron que la regenta se quedaba con el 50% de las “atenciones”, que se les impedía salir y había multas abusivas por cualquier cosa. Dos de ellas contaron que incluso habían sido engañadas mientras vivían en Colombia.
A Antonia, Katy le ofreció trabajo de administradora de un negocio y le envió los pasajes. Cuando iba en Perú, Katy la contactó para informarle que las condiciones habían cambiado y que debía ejercer la prostitución para cancelar su deuda.
—Llegó a atender a más de 10 clientes en un mismo día sin posibilidad de descanso —contó la fiscal Vega—. Incluso, debido a que fue obligada a mantener relaciones sexuales durante sus periodos menstruales, sufrió una infección renal que requirió hospitalización.
Un puesto falso de niñera
La segunda víctima, Daniela, afirmó que Katy le ofreció un puesto como recepcionista en un hotel de Antofagasta. Aunque no conocía la ciudad, los $800 mil que recibiría quincenalmente y la posibilidad de devolver el dinero del pasaje en cuotas la convenció.
El día de la partida, cuando estaba en el terminal de Bogotá, recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer, que le pidió que se acercara a una zona de la estación. Estaba acompañada de otras cuatro víctimas más, según detalló Daniela.
—En el viaje conversé con estas mujeres y todas venían con la misma historia. La única diferencia era que decían que una de nosotras iba a ser la elegida como cuidadora del hijo de Katy en Chile.
Al llegar, Katy les dijo que se habían demorado demasiado, que la posición ya estaba ocupada. Por eso, el único trabajo que podían ejercer en el hotel era la prostitución.
Sorprendidas, tres se negaron.
Primero, Katy intentó convencerlas por las buenas. Que al hombre chileno le gustaban las colombianas, pagaban bien.
Como no logró persuadirlas, pasó a las malas. Les dijo que no había vuelta atrás, que debían devolver el dinero porque había un financista llamado William que era el que había pagado. Que él tenía las direcciones de sus familias en Colombia y con sus familias se las cobraría.
“Estaban dispuestos a matarme por sapa”
—Al principio me la pasaba llorando —relató Daniela—. Estuve más de dos semanas enferma y cuatro días sin comer. Pedí varias veces poder ir al médico o comprar medicamentos, pero me dijeron que no, que me sería descontado.
El hotel le parecía de lujo. Las habitaciones eran constantemente remodeladas e incluso tenía piscina. Sin embargo, el glamour contrastaba con el estado de ánimo de las mujeres.
De acuerdo a la víctima, otra joven que la acompañó tampoco comía y estaba con una muela infectada, por lo que se le inflamó el rostro. Se volvió loca de la desesperación. Un día forzó la puerta y salió corriendo con lo puesto. Sólo volvió porque la recepcionista logró convencerla.
Mientras tanto, Katy las seguía amenazando:
—Nos decía: “Dejen la lloradera, dejen la enfermadera. Paguen pronto y váyanse, pero paguen. Porque si se van sin pagar, aténganse a las consecuencias en Colombia” —rememoró Daniela.
A pesar de que llegó a atender a 20 clientes por día, Daniela dijo que nunca era suficiente para Katy. Las multaban por no estar bañadas a la hora, por no hacer aseo de sus habitaciones. Usar la cocina implicaba una sanción de $50 mil.
Debido a que se la pasaba llorando y le empezó a ir mal con los clientes, la enviaron a la Casa Rosada. En abril planeaba irse, pero según su versión fue amenazada por la administradora, Dayana, y su marido, Pedro Ubillo.
—Según lo que dijo Dayana, su cuñado trabajaba en la PDI y tenía familiares en Carabineros. Por eso no me iban a prestar atención y que cualquier cosa estaban dispuestos a matarme por sapa.
Finalmente, Daniela denunció. Un informe psicológico elaborado por el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) concluyó que los “indicadores de daño detectados resultan compatibles con los hechos denunciados”.
“Tenían todo lo útil para vivir”
Al menos seis víctimas habían denunciado previamente y otras 18 fueron rescatadas en el operativo del 14 de agosto, en el que se detuvo a 22 personas. De las líderes, Dayana fue la única que no pudo ser capturada —se sospecha que se encuentra en Colombia—.
Los imputados fueron formalizados por trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal. La jueza de Garantía concedió la prisión preventiva para 21 de los imputados. 18 de ellos apelaron ante la Corte de Antofagasta.
Durante los alegatos en el tribunal de alzada, el defensor de Yeimar Ereu y de Ángel García manifestó que la vinculación de ella con la trata es meramente un “indicio”.
Según dijo, Yeimar subarrendaba el local a Muñeca: “Puede que haya tenido conocimiento, yo entiendo que lo tenía, pero nunca participa activamente o realiza las conductas típicas de la trata”.
Las interceptaciones de la fiscalía, no obstante, dan cuenta de que se coordinó con Muñeca para ocultar lo que ocurría en el segundo piso de la peluquería KazualStylo.
Por su parte, la defensa de Rocío Jaimes aseguró que las mujeres habían aceptado voluntariamente trabajar para ella. El abogado de Katy también usó ese argumento, y añadió que en la residencial tenían “Wi-Fi, agua caliente, todo lo útil para vivir”.
En su alocución, el defensor cuestionó la veracidad del testimonio de Daniela. Según comentó, la habían echado de la Casa Rosada por un altercado registrado ocho días antes de denunciar, en el que había sido “muy violenta con otra colega de su rubro”. Añadió que incluso había un video en que aparecía con un cuchillo.
La Corte rechazó todas las apelaciones y confirmó las prisiones preventivas.
“Se colige que los imputados aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas se aprovecharon para explotarlas sexualmente, sin perjuicio que además, algunos de los imputados promovieron, facilitaron o derechamente financiaron la ejecución de las conductas antes señaladas”, estimó el tribunal de alzada.
El Juzgado de Garantía fijó el plazo de investigación en 100 días.
Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
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