Los sismos políticos

Señor Director:

Para el terremoto de 2010, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, informaba que hubo más de 1.500.000 inmuebles dañados, 500.000 de los cuales sufrieron daños severos. Luego de esto, se reforzó la fiscalización de la normativa en construcciones y la población en general, dimensionó la importancia del cumplimiento de los estándares para casos de sismos.

Hoy, quince años después, volvemos a vivir un sismo, esta vez político institucional, que remece las bases de la confianza en el tercer sector, específicamente en las fundaciones y nos obliga a replantear la fiscalización y estándares de estas.

Los sismos, ya sean reales o metafóricamente llamados de esa manera, nos obligan a replantear las bases, esta vez, no de edificios, sino que de actores claves en la sociedad. En este caso, de aquellos que atienden las necesidades de grupos vulnerables, como por ejemplo, primera infancia, en un contexto en que el 2024, 156 mil 758 niños ingresaron al sistema de protección; un 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad y existe una clara tendencia al envejecimiento de la población: 14% tiene más de 65 años y las políticas públicas son insuficientes para abordar los efectos de las cifras referidas.

Los sismos políticos

Por eso, la participación ciudadana organizada es fundamental para una sociedad sana y una democracia participativa, no es de extrañar que del 2005 al 2023 aumentaron 1,67 veces más las fundaciones que las empresas , generándose, en promedio, 30.000 organizaciones nuevas por año, según cifras del Mapa de las organizaciones de la sociedad civil 2023, de Sociedad en Acción.

En este sentido, entendemos que casos como Procultura, con las diversas aristas civiles y penales que pueda generar, ocasionan que la “esperanza, fe, certidumbre, credulidad, creencia, tranquilidad, seguridad, determinación, decisión, suficiencia, presunción, ánimo, empuje” o cualquier concepto dado por la RAE como sinónimo de confianza disminuyan, pero estos casos conforman menos del 1% de más de 400.000 organizaciones sin fines de lucro existentes en nuestro país.

Entonces, no es tiempo de remover los cimientos metiendo a todas las fundaciones en el mismo saco, pero sí de mejorar el sistema, sin olvidar el rol esencial que juegan las que realmente desarrollan actividades fundamentales para quienes más lo necesitan y generalmente de manera eficiente y sin bastos recursos.

Y en este contexto se debería replantear ciertos temas como la obligatoriedad de cumplimiento de estándares y la transparencia a través de reportes como la FECU social o memoria, pero no hagamos de un sismo un terremoto, cuando no procede.

Monserrat Moya Arrué
Abogada Especialista en Fundaciones y Asociaciones