Cuando Bernardo y su esposa Alima huyeron de su aldea, Criação, no llevaban casi nada consigo. Solo esperaban saber qué había pasado con sus hijas, que tenían nueve y seis años cuando hombres armados las secuestraron en 2020.
Durante años, la pareja no supo nada. Recientemente, un superviviente que escapó del cautiverio les informó de que seguían con vida. “Ningún pensamiento lleva a buen puerto”, dijo Bernardo a nuestro equipo en Mueda, donde su familia vive en un campo para desplazados desde octubre. No saben si volverán a ver a sus hijas.
Ocho años después del inicio del conflicto en Cabo Delgado, el miedo y la incertidumbre son una realidad cotidiana para cientos de miles de personas en esta provincia del norte de Mozambique. Mientras la atención internacional se centra en la reapertura de importantes proyectos energéticos y la seguridad en torno a los recursos clave de la provincia, quienes han vivido esta crisis, poco difundida, permanecen fuera del foco de atención.
Desde octubre de 2017, más de 6.000 personas han sido asesinadas y más de un millón —un tercio de la población de Cabo Delgado— se han visto obligadas a huir de sus hogares, de las cuales casi la mitad siguen desplazadas.
Desde finales de julio, Cabo Delgado ha experimentado niveles devastadores de violencia. Este año es el más violento registrado en cuanto a número y frecuencia de incidentes de seguridad. Más de 500 ocurrieron en los primeros ocho meses de 2025, incluyendo brutales asesinatos, secuestros, saqueos e incendios de viviendas.
Los ataques han afectado a la mayoría de los distritos de la provincia y se han extendido a las vecinas Nampula y Niassa. Decenas de miles de personas han huido recientemente de sus hogares. Para muchos, no es la primera vez. Algunas regresan a los mismos campamentos donde buscaron refugio durante los mortíferos ataques de 2020 o 2021. Las familias a menudo abandonan sus hogares con poco más que la ropa que llevan puesta, pero cargan con miedo, agotamiento y trauma.
Vidas trastocadas, salud en peligro
El campamento de desplazados de Lianda ha sido el hogar de Bertina durante tres años, a pesar de las crecientes dificultades. La comida es limitada. La lona de plástico que cubre su casa está tan dañada que la lluvia se filtra. El agua escasea: puede tardar hasta tres días en recolectar 40 litros, lo que apenas alcanza para un día para su familia de nueve miembros.
En su pueblo natal solía cosechar una docena de sacos de anacardos al año. Era suficiente para mantener a toda la familia y construir una casa con un tanque de agua privado. Tras el ataque a su pueblo, solo queda el tanque de agua.
Bertina no es la única que ha vivido esta experiencia. Muchas personas cuentan a nuestros equipos que vieron sus casas incendiarse, sus negocios desaparecer; dejaron atrás tierras de cultivo y posesiones; perdieron a seres queridos. Y aunque ahora tengan una sensación de seguridad en los campamentos de desplazados, su salud física y mental sigue amenazada.
Años de conflicto han debilitado gravemente el frágil sistema de salud del norte de Mozambique. Ciclones devastadores, como el de Chido a finales de 2024, azotan con regularidad y añaden otra capa de complejidad a este país vulnerable a la crisis climática. Numerosas instalaciones han sido destruidas o abandonadas, mientras que otras funcionan con un personal y suministros mínimos. Como es comprensible, los trabajadores sanitarios suelen estar entre quienes huyen tras los ataques.
En algunos distritos, la cobertura de vacunación contra el sarampión sigue siendo peligrosamente baja. Las mujeres embarazadas a menudo dan a luz en casa porque desplazarse es inseguro, los centros de salud están cerrados o simplemente no tienen los medios para llegar. El tratamiento para el VIH y la tuberculosis, que requiere monitoreo y seguimiento regulares, se interrumpe repetidamente cuando la violencia aumenta, dejando a miles de personas en riesgo de enfermedades graves y resistencia a los medicamentos.
Las organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras (MSF), enfrentan crecientes desafíos para llegar a las personas que necesitan ayuda. Las clínicas móviles se suspenden rutinariamente debido a la inseguridad. Cuando la violencia se intensifica, programas de salud completos, desde la atención de emergencia hasta la asistencia comunitaria, se ven obligados a detenerse.
Ocho años después, no podemos mirar hacia otro lado
A pesar de esta realidad cada vez más grave, Cabo Delgado rara vez recibe cobertura mediática internacional, a menos que se produzcan grandes ataques o haya novedades en torno a proyectos energéticos. Sin embargo, detrás de las cifras y los titulares, o la falta de ellos, hay personas que viven con miedo.
Familias desmembradas, cultivos abandonados, fuentes de agua perdidas y el acceso a los servicios de salud interrumpido repetidamente.
MSF insta a todos los grupos armados a priorizar la protección de la población civil y garantizar su acceso seguro a servicios básicos. Deben respetar y proteger los servicios médicos, permitiendo que el personal sanitario preste atención en las estructuras sanitarias y en las clínicas móviles.
En definitiva, la población de Cabo Delgado desea seguridad. Quieren reconstruir sus vidas. Algunos se aferran la esperanza de regresar a casa, incluso cuando ya no queda nada. Otros no creen que puedan volver y tampoco pueden planificar un futuro en otro lugar.
Con tantas crisis en el mundo, es difícil determinar qué debería llamar nuestra atención. Pero la gente de Cabo Delgado simplemente pide una oportunidad para vivir sin miedo.
Sebastián Traficante
Jefe de Operaciones
Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mozambique
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