El Servicio de Impuestos Internos (SII) salió a la caza de un empresario gastronómico que habría defraudado al fisco en más de $1.400 millones. Lo hizo, principalmente —según el órgano fiscalizador— mediante la emisión de facturas falsas y utilizando sus locales de comida rápida, ubicados en Rancagua, para ocultar sus movimientos.
En total, el SII acusa a Óscar Martínez Catalán por cinco delitos tributarios, que habría cometido gracias al desarrollo de una sofisticada red de sociedades en la región de O’Higgins.
Antecedentes recopilados por BBCL Investiga apuntan a que no es primera vez que Martínez se ve envuelto en actividades ilícitas. En 2024, su nombre apareció entre los empresarios que sobornaron al exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS), en la investigación que se llevó adelante contra la exautoridad por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado. Ahora, la querella del SII vuelve a poner su nombre bajo la lupa.
EL CHADAY
Según el libelo, hace aproximadamente 14 años iniciaron las operaciones de “El Chaday”, el local de comida rápida de Martínez especializado en sándwiches y chorrillanas. Una vez ya establecido en el comercio rancagüino, expandió el negocio a nuevas sucursales en la capital de O’Higgins y sus alrededores. Logró montar una cadena de casi una decena de restaurantes
Todos sus locales —reza el escrito— pertenecían a la misma sociedad: Servicios Gastronómicos Chaday SpA. Martínez era su representante legal y poseía el 100% de las acciones. ¿El problema? La indagatoria del SII sostiene que todo se trataría de una fachada para encubrir un fraudulento modus operandi de facturas falsas que ocasionó un cuantioso perjuicio al Estado.
PRIMERA EVASIÓN
El primer acto de evasión realizado por Martínez —según información contenida en documentos judiciales tenidos a la vista por este medio— consistió en la subdeclaración y omisión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La indagatoria estableció que, entre junio de 2021 y noviembre de 2023, la empresa gozó de un fructífero presente. Y, también, realizó masivas ventas de comida con una sola particularidad: no se emitieron boletas.
Las ganancias obtenidas a través de este movimiento defraudatorio se tradujeron en más de $1.200 millones.
Esta suma —según el libelo— fue ingresada por el empresario hacia dos destinos distintos. Por un lado, entre junio de 2021 y septiembre de 2022, transfirió más de $295,7 millones a la cuenta corriente de Servicios Gastronómicos Chaday SpA. El dinero provenía de 2.075 personas naturales y 175 personas jurídicas, según la querella.
La cantidad restante, correspondiente a más de mil millones, fue desviada hacia las cuentas personales de Martínez entre junio de 2021 y noviembre de 2023. Según constató el documento judicial revisado, el dinero provenía principalmente de abonos a distintas plataformas digitales: Redelcom, Transbank, PedidosYa y Rappi.
El cálculo del deterioro fiscal ocasionado por esta maniobra puntual —según el documento judicial— asciende a $278.142.836, actualizado a junio de 2025.
MAL UTILIZACIÓN DE LA LEY DE IVA
El segundo ilícito lo cometió entre mayo de 2019 y marzo de 2023. En dicho período, Martínez, mediante su sociedad gastronómica, declaró tener derecho a un beneficio diseñado para ayudar a empresas cuyos clientes quiebran y dejan facturas impagas.
Este mecanismo, contemplado en un artículo de la Ley de IVA, permite recuperar el impuesto de esas ventas fallidas. Sin embargo —según la indagatoria— todo correspondía a un montaje orquestado por el empresario rancagüino.
Esto porque —según el libelo— la empresa no tenía clientes en procesos de reorganización judicial ni facturas impagas que justificaran el beneficio. La maniobra le permitió neutralizar una carga tributaria de $489.693.266. De ese monto —según la querella—, gracias al uso de un crédito fiscal ficticio, solo se pagaron $2 millones por concepto de impuestos.
En resumen —según el documento judicial— Martínez utilizó un crédito fiscal ficticio para no entregar al Estado el IVA que ya había cobrado por ventas de comida, generando un perjuicio fiscal superior a $343 millones.
EVASIÓN DEL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA
Las maniobras defraudatorias no terminaron ahí. Martínez, como representante legal de Servicios Gastronómicos Chaday SpA, evadió el impuesto correspondiente a las utilidades. Es decir, el Impuesto de Primera Categoría.
Para ello, utilizó dos mecanismos distintos. En junio de 2022, la sociedad presentó una declaración de renta maliciosamente incompleta, declarando solo una parte de sus ingresos y omitiendo más de $456 millones provenientes de ventas no registradas.
Posteriormente, en los años tributarios 2023 y 2024, ni siquiera presentó las declaraciones de renta correspondientes, omitiendo más de $1.875 millones del año comercial 2022 y otros $418 millones del año 2023.
El perjuicio fiscal por esta maniobra asciende —según el SII— a más de $307 millones.
LA RED DE FACTURAS FALSAS
Además de lo anterior, Martínez orquestó una sofisticada red de sociedades mediante la cual emitió 171 facturas ideológicamente falsas. La principal entidad facilitadora fue Servicios Gastronómicos Chaday SpA.
Esta sociedad facilitó un total de 103 facturas falsas, de las cuales 65 fueron emitidas a la empresa, la cual se encuentra siendo investigada en una causa paralela. La investigación reveló que en 2022 el costo anual por trabajador en alimentación facturado por Chaday SpA superó los $6 millones, cifra superior al sueldo mínimo de la época.
Asimismo, a través de Productora y Gastronomía OMC SpA, emitió 49 facturas falsas a BOD Seguridad SpA. Aunque su giro declarado era la producción de eventos y restaurante, no existía congruencia entre sus compras —principalmente carne— y los servicios facturados, correspondientes a aseo y sanitización, para los cuales no contaba con insumos ni personal.
En tanto, Visión y Seguridad SpA emitió 7 facturas falsas a Comercial y Servicios Integrales SpA, sociedad que carecía de activos fijos, trabajadores o capacidad operativa para respaldar los servicios facturados.
La investigación reveló, además, que Martínez poseía el 100% de las acciones de Comercial y Servicios Integrales SpA, hecho jamás informado al SII. La incoherencia de su domicilio tributario, registrado como habitacional, reforzó las sospechas de que se trataba de una empresa de fachada.
OMISIÓN DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO
Como único accionista de Servicios Gastronómicos Chaday SpA, Martínez se aseguró de que una parte sustancial de los ingresos por ventas de comida no ingresara a la contabilidad de la empresa, sino que fuera depositada directamente en sus cuentas personales.
Los montos recibidos fueron:
$402.649.274 en 2021
$483.422.378 en 2022
$170.911.997 en 2023
Estos ingresos no fueron informados en sus declaraciones anuales de renta. El perjuicio fiscal por este delito alcanza los $529 millones.
MÁXIMO RIGOR DE LA LEY
La ejecución coordinada de estos cinco delitos configura uno de los mayores casos de fraude tributario investigados en la región de O’Higgins, superando los $1.450 millones. Con esta acción judicial, el Servicio de Impuestos Internos busca no solo la recuperación del dinero defraudado, sino también una sanción penal ejemplificadora.
El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Marcelo Freyhoffer, afirmó que la investigación permitió establecer una conducta sostenida en el tiempo, que se extendió por al menos tres años comerciales y que generó un perjuicio fiscal superior a los $1.400 millones en beneficio del empresario.
En ese sentido, sostuvo que para el organismo es prioritario sancionar con el máximo rigor legal este tipo de acciones, que buscan obtener ventajas indebidas mediante la evasión del IVA y del impuesto a la renta.
Desde la Unidad de Investigación de Bío Bío se intentó contactar a Óscar Martínez; sin embargo, no fue posible obtener una respuesta al cierre de esta edición.
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